Ocurrido en el sexenio de López Obrador y Sheinbaum Pardo
Se conoce como huachicol fiscal a la importación ilegal de combustibles simulando que son otro producto, como aditivos o lubricantes, para evitar el pago de impuestos al gobierno al momento de cruzar las aduanas del país. Dado que el combustible se compra barato en el extranjero y se puede comerciar cerca del precio de la gasolina legal, esa diferencia termina en manos de la red delincuencial en lugar de en la hacienda pública.
Por ejemplo, al importar un litro de diésel en las aduanas mexicanas se deben pagar 7.1 pesos de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) si se declara conforme a la ley. Para eludirlo, por tierra, se hace mediante una pipa que declara introducir otra cosa y puede contener hasta 60 mil litros de combustible, lo que implica una ganancia de al menos 400 mil pesos por los impuestos no pagados por cada pipa. Si llega por mar, un solo buque que contiene alrededor de 10 millones de litros de combustible y se introduce como huachicol fiscal representa, cuando menos, una ganancia de 71 millones de pesos por los impuestos evadidos. Adicionalmente, el Estado también pierde ingresos cuando ese combustible se comercia ilegalmente y no paga Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA).
De acuerdo con diferentes estimaciones, por este mecanismo el Estado mexicano ha perdido alrededor de 200 mil millones de pesos al año. Como punto de comparación, el caso de corrupción conocido como La Estafa Maestra implicó desvíos por al menos 7 mil millones de pesos, mientras que las irregularidades en SEGALMEX alcanzaron más de 15 mil millones de pesos. En este caso estamos ante un esquema que supera más de 10 veces el daño a la hacienda pública del que fuera el episodio más grande del sexenio de López Obrador.
A pesar de que el huachicol fiscal como modus operandi fue denunciado por diversos medios periodísticos al menos desde 2018, así como por diferentes organizaciones a lo largo del sexenio pasado, el problema no fue atendido ni combatido por el gobierno. El único cambio sustantivo, que al final agravó la corrupción, fue cuando en 2020 se traspasó el control de puertos y aduanas a las fuerzas armadas. La militarización se ofreció de nuevo como una de las respuestas más comunes del gobierno de Morena, como dan cuenta las casi 300 funciones civiles que se han trasladado a los militares. López Obrador presumió en múltiples ocasiones que el huachicol había sido eliminado y en su sexto informe de gobierno incluso declaró que esto había “generado ahorros por 342 mil millones de pesos”. Evidentemente no fue así. Uno más de los “otros datos” del gobierno del expresidente.
La primera nota que arrojó luz sobre este problema en el sexenio de Claudia Sheinbaum fue una investigación publicada por MCCI en noviembre de 2024. Ahí se documentó cómo un grupo de empresas fantasma declaradas como tales por el SAT habían creado un esquema para importar más de un millón de litros de combustibles y, mediante registros alterados, poder introducir huachicol fiscal en colusión con autoridades aduanales, administradas en ese entonces por un aspirante a gobernador de Quintana Roo.
Estas mismas empresas eran parte de una red de comercializadoras que fueron autorizadas para vender el combustible durante el sexenio de López Obrador y que operaban desde la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en sociedad con funcionarios del Sistema Portuario Nacional.
El asunto adquirió mayor notoriedad en marzo de 2025, cuando la Marina aseguró un buque en el puerto de Tampico que transportaba 10 millones de litros de diésel falsamente consignados como aditivos para aceites lubricantes. Una publicación de MCCI reveló documentos que acreditaban que la carga real del buque era de 20 millones de litros, pero solo la mitad fueron declarados en el decomiso.
MCCI también vinculó a los dueños de la importadora del buque, Intanza, con el director de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Tampico, Francisco Javier Antonio Martínez, quien fue cesado en mayo junto con otros funcionarios del puerto. Asimismo, se documentó que la administración del puerto de Tampico otorgó la concesión del muelle fiscal a la empresa Tampico Terminal Marítima, propiedad de Saúl Vera Ochoa, empresario que apoyó públicamente al ahora senador Adán Augusto López para competir por la candidatura presidencial de Morena.
En junio de 2025, una investigación de MCCI acreditó que durante la construcción del AIFA la Secretaría de la Defensa pagó más de 500 millones de pesos en diésel a Ecocarburante, empresa vinculada a una red de huachicol que operó a través de transportistas y estuvo involucrada en los decomisos de marzo de 2025 en Tamaulipas. En respuesta, la Defensa reconoció el contrato con Ecocarburante.
En agosto, MCCI documentó que el director de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), Alex Tonatiuh Márquez Hernández, compró un departamento de tres niveles en Polanco por apenas una tercera parte de su valor comercial a un Coronel Intendente del Ejército, así como una colección de relojes con un valor de 7.7 millones de pesos.
Simultáneamente, El Universal reveló que Márquez Hernández estaba siendo investigado por el SAT por ser representante legal de Aledo, una empresa relacionada con la operación de al menos 257 millones de pesos de procedencia ilícita. De acuerdo con la publicación, las autoridades apuntan a que Márquez Hernández no tenía los ingresos suficientes para sustentar su estilo de vida.
Márquez Hernández ocupa su actual cargo desde febrero de 2025, cuando la presidenta Sheinbaum nombró a Rafael Marín Mollinedo como titular de la ANAM. No obstante, ya había ocupado este cargo entre enero y junio de 2023. En aquel momento, el presidente López Obrador fue cuestionado por un periodista sobre presuntas investigaciones por lavado de dinero, pero el mandatario se limitó a responder que se estaba investigando.
Protegió los señalamientos del Presunto Lavado de Dinero en la administración del tabasqueño Marín Mollinedo al frente de la ANAM el ex presidente de México.
En septiembre de 2025, autoridades federales detuvieron a 14 personas señaladas de encabezar la red relacionada con el huachicol fiscal del buque decomisado, entre los que estaban empresarios, funcionarios aduanales y marinos, como el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. El vicealmirante es acusado de liderar la red junto con su hermano, Fernando, quien está prófugo. Los hermanos Farías Laguna son sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
En su discurso previo al desfile militar por el aniversario de la Independencia, el Secretario de la Marina actual, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, declaró sobre el caso del huachicol fiscal: “fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo (…) Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la Transformación”.
De acuerdo con una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República, dada a conocer por Latinus posteriormente, el 14 de junio de 2024 el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar envió al entonces secretario de la Marina del presidente López Obrador una denuncia sobre la operación de la red de huachicol fiscal y la participación de sus sobrinos y otros implicados. Después del cambio de gobierno, el contraalmirante fue citado el 10 de octubre de 2024 a una reunión en las oficinas del nuevo secretario de Marina. Un mes después, el contraalmirante Guerrero Alcántar fue asesinado mientras estaba de vacaciones.
Igualmente, durante septiembre falleció el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas. Según las autoridades, se trató de un suicidio después de que se le señaló por haber recibido sobornos para permitir la entrada de buques con huachicol fiscal. El capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, encargado del puerto de Manzanillo, Colima, falleció un día después, el 9 de septiembre, en un accidente durante una práctica de tiro, de acuerdo con la Marina.
El caso sigue en desarrollo al cierre de este anuario y es incierto el nivel de conocimiento o involucramiento del exsecretario de Marina y, por ende, del expresidente Obrador. Hay denuncias ciudadanas ante autoridades sobre esta red de huachicol fiscal al menos desde febrero de 2021.
MCC y la Impunidad, Mayo de 2026
