El discurso oficial de la austeridad y la honestidad republicana en el estado de Quintana Roo choca de frente, una vez más, con la terca realidad de los números y las auditorías de cumplimiento. Esta vez, las alarmas se encienden de forma estridente en la zona maya, específicamente en el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, encabezado por Maricarmen Candelaria Hernández Solís, militante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y protegida de su esposa, Johana Acosta Conrado, dirigente estatal de ese partido.
A pesar de que en los discursos y transmisiones en redes sociales se presume una gestión enfocada en el bienestar social y la transparencia —recordando incluso aquellas declaraciones de 2023 donde se instruía al cabildo a sumarse a las «Auditorías Colmena» de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) bajo la promesa de una «rendición de cuentas perfecta»— la realidad de la Cuenta Pública de 2024 dibuja un panorama radicalmente opuesto.
El más reciente Informe Individual de la ASF revela que en Felipe Carrillo Puerto las reglas contables son una sugerencia, la calidad de la obra pública es un misterio técnico y millones de pesos andan flotando en el limbo de lo «pendiente por aclarar».
El 53.3% de la muestra bajo sospecha
La ASF le puso la lupa a una muestra de auditoría integral que ascendió a 52 millones 39 mil 500 pesos, recursos federales provenientes del FAISMUN (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal), FORTAMUN (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios) y Participaciones Federales a Municipios (PFM).
La administración de Mary Hernández infringió sistemáticamente la normativa en materia de Adquisiciones y Obra Pública, acumulando un presunto daño a la Hacienda Pública Federal por la exorbitante cantidad de 27 millones 735 mil 231 pesos. Esto significa, ni más ni menos, que el 53.3% de todo el dinero federalizado que revisó la ASF en el municipio cuenta con severas irregularidades que el gobierno municipal no ha podido justificar adecuadamente desde el 2024 hasta el día de hoy 11 de junio de 2026.
Obras a ciegas y almacenes fantasma
Al desglosar las entrañas del informe de la ASF, saltan a la vista dos grandes focos de presunta corrupción y desaseo administrativo.
El «Bacheo» y Alumbrado sin Rastro de Entrega (FORTAMUN 2024): A través del Pliego de Observaciones 2024-D-23002-19-1642-06-001, la ASF presume un daño fiscal por 3 millones 87 mil 863 pesos derivados del contrato número MFCP/OM/DAP/013B/2024 destinado a la adquisición de material para alumbrado público.
¿La razón? El Ayuntamiento simplemente omitió registrar la entrada física de los insumos al almacén municipal y carece de la recepción formal de los bienes. En términos llanos: se pagaron millones de pesos con dinero federal, pero no hay pruebas legales que demuestren que esos focos o cables realmente llegaron al municipio.
Pavimentaciones sin Pruebas de Calidad (FAISMUN 2024): El golpe financiero más demoledor quedó asentado en el Pliego de Observaciones 2024-D-23002-19-1642-06-002, por un monto de 24 millones 647 mil 368 pesos.
Esta anomalía impacta directamente a dos millonarios contratos de pavimentación y construcción de calles: el OP-FCP-FAISMUN24-LP-08-2024 y el OP-FCP-FAISMUN24-LP-32-2024.
La ASF detectó insuficiencias técnicas críticas: el gobierno local pagó volúmenes millonarios de obra sin realizar las pruebas de laboratorio necesarias (Reportes de Control de Compactaciones y Espesores).
Al no existir dichas pruebas en la totalidad de los conceptos, es imposible acreditar técnicamente la calidad del asfalto colocado, su espesor real o su adecuado funcionamiento. Las calles se construyen y se reportan en papel, pero el ciudadano carrilloportense corre el riesgo de recibir obras desechables.
El reincidente Modus Operandi
Este desfalco en la Cuenta Pública 2024 no es un hecho aislado. La historia de Felipe Carrillo Puerto arrastra una pesada sombra. Ya en la Cuenta Pública de 2021, la ASF colocó a este municipio en su «lista negra» por no cuadrar las cuentas fiscales del Ramo 28 y del FORTAMUN, detectándose en su momento faltas graves en documentación justificativa por montos que también escalaron a la opinión pública estatal. Medios locales y archivos de transparencia han dado cuenta de severos cuestionamientos ciudadanos que contrastan la opulencia de la cúpula gobernante con el rezago de las comunidades mayas.
El reloj corre para el gobierno de Mary Hernández
El dictamen general emitido por el órgano fiscalizador federal es categórico: «El municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, no realizó una gestión eficiente de los recursos del Gasto Federalizado…». Intentando apagar el fuego a última hora, la Contraloría Municipal envió a finales de 2025 un oficio tratando de justificar las fallas; sin embargo, la ASF determinó de manera definitiva que los documentos carecen de suficiencia, competencia y pertinencia para solventar el daño.
¿Qué sigue ahora? El Ayuntamiento no puede simplemente dar vuelta a la página. Con la notificación oficial de este informe, el gobierno municipal queda estrictamente obligado por mandato constitucional (artículo 79) y por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación a comparecer de inmediato.
La ley establece un plazo improrrogable de 30 días hábiles para que la entidad fiscalizada presente información adicional o, de lo contrario, proceda a la devolución física total de los 27.7 millones de pesos directamente a la Tesorería de la Federación (TESOFE), acompañados de los rendimientos financieros generados desde el momento de su disposición. De persistir la omisión técnica y la falta de comprobantes de almacén y laboratorio, la ASF estará facultada para emprender acciones supervenientes, abriendo la puerta a responsabilidades administrativas sancionatorias o denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.
Felipe Carrillo Puerto, un municipio con profundas carencias históricas, no merece que el presupuesto destinado a su desarrollo termine diluido en expedientes incompletos y sospechas de desvío. La alcaldesa Mary Hernández tiene ante sí la obligación legal y moral de aclarar hasta el último centavo, demostrando si su compromiso con la «Cuarta Transformación» es real, o si la bandera de la honestidad fue únicamente el vehículo para instaurar el reino de la opacidad.
Necesariamente Incómoda; Graciela Machuca Martínez
