> En la administración de la alcaldesa de Othón P. Blanco se han ejecutado ya 14 clausuras en el año, presume el director de Fiscalización > Ciudadanos estallan en redes y denuncian que “lo recaudado no se ve en servicios”
CHETUMAL. – Por instrucciones directas de la administración que encabeza la veracruzana Yensunni Martínez Hernández, el ayuntamiento de Othón P. Blanco ejecuta una agresiva campaña recaudatoria a miras de las campañas electorales contra el sector comercial de la capital de Quintana Roo.
Óscar Luis Dzib Cocom, director de Fiscalización, confirmó que por orden municipal los dueños de negocios que no cuenten con permisos de funcionamiento o recoja de basura vigentes serán acreedores a multas de hasta 50 mil pesos.
Esta política de “mano dura” dictada desde la oficina de Martínez Hernández produce otra ola de indignación entre los chetumaleños, quienes acusan una persecución económica en el cierre de su trienio.
Durante la entrevista, el funcionario dejó claro que el personal de fiscalización tiene la consigna de verificar rigurosamente el catálogo de obligaciones administrativas.
“La máxima va por el orden de hasta los 50 mil pesos”, puntualizó, revelando que bajo esta gestión ya suman 14 negocios clausurados en lo que va del 2026.
La respuesta ciudadana en redes sociales fue inmediata y frontal contra las decisiones de la alcaldesa.
Gerardo Canto recriminó la falta de congruencia de la autoridad: “Para exigir los permisos están buenos, pero en el cumplimiento de las obligaciones de esos permisos no lo hacen, la basura no la pasan a recoger… pero ahí no se reluce nada en su falta de responsabilidad”.
La presión fiscal ejercida por el gobierno de Yensunni Martínez es percibida por los contribuyentes como un intento de recaudación desesperada antes de concluir su periodo.
Comentarios como el de Santos Montejo Itzá —“Saben que es su último año en el gobierno, multas de 50 mil como si uno cagara dinero”—, y Winsor Sando, quien calificó la medida como “el año de Hidalgo”, reflejan el hartazgo ante una administración que exige pagos puntuales mientras las calles y los servicios públicos permanecen en el abandono.
Los internautas cuestionan que el rigor aplicado a los comerciantes no se aplique con la misma vara a la eficiencia de las direcciones municipales.
El malestar escaló a señalamientos de corrupción y extorsión por parte de los inspectores que ejecutan las órdenes de la Comuna.
Ciudadanos como Gmr Karma señalaron que el poder se usa “para joder al que trabaja honradamente”, mientras que Morales Cristian lanzó una pregunta que resonó en las redes: “¿Y cuántos años de cárcel para los inspectores que extorsionen?”.
La falta de confianza en la gestión de Martínez Hernández ha llegado al punto de convocar a la resistencia civil, como lo sugirió Jorge Luis Pérez Cural al invitar a los comerciantes a unirse “hasta que los corderos se conviertan en leones”.
Finalmente, aunque la administración de Yensunni Martínez intenta matizar la situación ofreciendo supuestos “derechos de audiencia” para evitar la clausura.
Una política recaudatoria asfixiante está en marcha, mientras la alcaldesa defiende estas medidas como necesarias para el orden administrativo, la realidad en las calles de la capital muestra a un sector comercial golpeado que ya no está dispuesto a tolerar multas estratosféricas cuando la recolección de basura y la seguridad, responsabilidades primordiales del Ayuntamiento, siguen siendo la principal carencia de su gobierno.
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