Rafael Fernando Marín Mollinedo
Territorios en los que opera
Quintana Roo, Tabasco
Cártel(es) con los que está relacionado
Redes de Huachicol
Último puesto
Exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México y aspirante a candidato a gobernador en Quintana Roo
Relación con el crimen organizado (Síntesis)
Mollinedo es un hombre de confianza del obradorismo desde los 90s. Exfuncionario y compadre de AMLO, también es primo de su chofer de confianza, quien fue señalado en investigaciones de la DEA por haber recibido presuntos sobornos de Los Beltrán Leyva (ProPublica), y otorgó una concesión a la empresa de Mauricio Soto, que testificó haber recibido dinero de ese Cártel. En la primera gestión de Mollinedo como director de las aduanas mexicanas, el huachicol fiscal vivió su apogeo. Ese año (2023), los hidrocarburos contrabandeados como “aditivos” crecieron aproximadamente 1,829% respecto al año anterior. Aunque era el responsable de detectarlo, no tomó ninguna medida para evitarlo ni presentó denuncias. Mientras se desarrollaba la trama de huachicol fiscal de la Marina, Mollinedo sustituyó a uno de los militares que se convertirían en testigos. Sin embargo, el civil que lo sustituyó fue asesinado dos semanas después de llegar al cargo y el militar fue asesinado en 2025, dos días después de que se destapó el escándalo. Ambos casos siguen en la impunidad. Su mano derecha en la ANAM, “Lord Relojes”, es investigado por la UIF por operaciones con empresas factureras por más de 200 MDP. Su particular, que también lo ayudó a registrar la marca “Rafa Marín” ante el INPI, fue señalado por la UIF desde 2018 como uno de los principales operadores financieros de la Mafia Rumana en Quintana Roo, a través de inversiones en inmuebles y casinos. En el mismo periodo, Mollinedo compró un departamento en Shark Tower, uno de los edificios donde el líder de la mafia también invirtió sus ganancias ilícitas.
Con la militarización de las aduanas y la creación de la ANAM, el huachicol fiscal alcanzó su apogeo
En julio de 2020, el expresidente Andrés Manuel López Obrador militarizó las aduanas mexicanas, argumentando que la honestidad de los militares permitiría combatir el contrabando de drogas, armas y combustible que ingresaban al país. Sin embargo, tras la militarización aduanal, el “huachicol fiscal” siguió creciendo y se convirtió en uno de los principales esquemas criminales de la clase política mexicana. Tan solo para las elecciones de 2021 y 2022, “El Rey del Huachicol”, Sergio Carmona, inyectó 500 millones de pesos en las campañas políticas de Morena en estados como Sinaloa y Tamaulipas.
Ante el aumento de las alertas por huachicol fiscal, en julio de 2021, López Obrador ordenó la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para separar las aduanas del SAT. En el papel, la creación de la ANAM buscaba reforzar los filtros en las importaciones como asunto de seguridad nacional, “limpiar” la corrupción y cerrar vías de contrabando y evasión fiscal. Sin embargo, falló en todos sus propósitos.
Tras la creación de la ANAM, el huachicol fiscal alcanzó su apogeo, sobre todo en la gestión de su segundo director, Rafael Marín Mollinedo. Bajo su responsabilidad, el esquema político-criminal de huachicol continuó ganando terreno hasta las más altas esferas del Ejército y la Marina, con el encubrimiento directo, documentado en audios de conversaciones filtradas, del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda; alcanzó al círculo más cercano del experesidente a través de sus hijos, mencionados por testigos protegidos ante la FGR, y su hermano político, Adán Augusto López Hernández; y asestó un golpe al erario público mayor a la Estafa Maestra (7 mil 600 millones de pesos), los desvíos de Segalmex (15 mil millones de pesos) y cualquier otro caso de corrupción en la historia de México.
El auge del huachicol fiscal ocurrió durante la administración de Moliendo en la ANAM
El 7 de diciembre de 2022, Adán Augusto López Hernández, hermano de cariño y mano derecha del expresidente López Obrador, anunció la designación de Rafael Marín Mollinedo como nuevo titular de la ANAM, por orden directa del expresidente.
Mollinedo formaba parte del círculo de confianza y lealtad de López Obrador desde los 90s: también tabasqueño, fue padrino de Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente; es primo de Nicolás Mollinedo Bastar, el chofer de confianza y operador logístico de AMLO desde que fue jefe de gobierno y durante sus campañas presidenciales; fue tesorero del PRD en Tabasco en los 90s, ocupó puestos directivos en la jefatura de gobierno de AMLO en el DF (2000-2006), coordinó sus campañas presidenciales en el sureste en 2006, 2012 y 2018, y coordinó la fundación de Morena en Quintana Roo en el 2015; y, en la primera mitad del sexenio de López Obrador, fue designado como director del Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec (2018-2021).
Después de que Marín fue designado como director de la ANAM, las aduanas registraron su mayor “anomalía estadística” en la importación de aditivos. En esa época, las importaciones bajo la fracción arancelaria 3811.21.07.00, correspondiente a “aditivos para aceites lubricantes”, crecieron 1,829%, alcanzando 2,469 millones de kilos declarados frente a 135 millones del año anterior.
Como lo explica el libro “Huachicol Fiscal: la madre de todas las estafas” del periodista Raúl Olmos, en el sexenio de AMLO el huachicol permitió una evasión fiscal de aproximadamente 600 mil millones de pesos, la cual superó a todos los escándalos de corrupción anteriores, como el desfalco de SEGALMEX (15 mil millones) y la Estafa Maestra (7 mil 600 millones). El mayor volumen anómalo del sexenio se registró en 2023, año en el que Marín encabezó la ANAM durante siete meses.
A pesar de que su principal misión en la ANAM era combatir el contrabando de combustible, no se localizaron denuncias presentadas por Mollinedo por este desfalco durante su gestión. Peor aún, según una investigación de Animal Político basada en el Informe de Gestión Gubernamental 2018-2024 de la ANAM, en el mismo periodo cayó 55.6% el número de armas decomisadas; 92.4% la incautación de insumos líquidos para drogas sintéticas; y 96.8% los decomisos de fentanilo
El hombre que Marín envió a la aduana de Manzanillo fue asesinado dos semanas después de tomar el cargo, en medio del huachicol de la Marina
El 30 de mayo de 2023, un comando armado asesinó a Sergio Emmanuel Covarrubias, administrador de la Aduana de Manzanillo, el principal puerto de contenedores del país. Llevaba alrededor de dos semanas en el puesto, al que llegó por una disgnación firmada por Rafael Marín Mollinedo y acordada por el secretario de la Marina, Rafael Ojeda. Antes de su asesinato, recibió una advertencia de un funcionario de la Aduana: no debía salir de su casa porque “podría ocurrile algo”.
Días después del atentado, el presidente López Obrador declaró que el asesinato ocurrió por el combate de su administración al fentanilo: “Nosotros estamos combatiendo el tráfico de drogas, destruyendo laboratorios, haciendo nuestro trabajo y muchos pierden la vida, servidores públicos (…) Hace como tres días ‘levantaron’ al subdirector administrativo en el puerto de Manzanillo, precisamente por las medidas que se están tomando de control y lo asesinaron”, dijo.
El asesinato fue atribuido por las autoridades a cuatro integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que privaron de la libertad a Covarrubias mientras desayunaba con otros 3 funcionarios de las Aduanas.
Mientras la explicación del presidente era el combate al tráfico fentanilo, en simultáneo avanzaba, aún en la oscuridad, la mayor trama de huachicol fiscal de su gobierno. Según la causa penal 325/2025, la red criminal de la Marina controlaba las designaciones en las Aduanas para colocar a sus cómplices en puestos claves, incluido el Puerto de Manzanillo y que, según la Fiscalía, operaba en conjunto con el CJNG.
Covarrubias era un civil que llegó al puesto para sustituir al capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, dando marcha atrás al mando militar establecido al inicio del sexenio. Con su asesinato en 2023, se convirtió en el primero de varios funcionarios asesinados en el mismo puerto, en el mismo periodo. Su antecesor, el capitán del Ángel Zúñiga, fue asesinado hasta 2025, una vez que se destapó la trama de huachicol.
A pesar de que las dos víctimas murieron después de ocupar el mismo puesto en la Aduana de Manzanillo, el gobierno ha intentado negar que sus asesinatos fueran motivados por un plan para silenciarlos. A ellos se suma el asesinato de otros dos funcionarios en el Puerto de Manzanillo: el vicealmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, asesinado después de denunciar la red de huachicol, y la funcionaria de la FGR Magaly Janet Nava Ramos, asesinada tras involucrarse en la investigación.
EEUU revocó la visa a la mano derecha de Mollinedo
Alex Tonatiuh Márquez Hernández fue el colaborador más cercano de Rafael Marín Mollinedo en la Agencia Nacional de Aduanas de México. Ocupó la Dirección de Investigación Aduanera —el área encargada, precisamente, de detectar operaciones como el huachicol fiscal—. Su trayectoria administrativa siguió la de su jefe: cuando la presidenta Claudia Sheinbaum devolvió a Marín a la ANAM en febrero de 2025, éste regresó acompañado de Márquez Hernández.
Tonatiuh ha sido apodado como “Lord Relojes” después de que Mexicanos Contra la Corrupción y al Impunidad expuso que adquirió una colección de cinco relojes valuados en 8 millones de pesos pagados de contado. La misma organización mostró que adquirió un penthouse de tres niveles en Polanco, comprado a un mando militar por 7.7 millones de pesos, un precio significativamente inferior al valor de mercado de inmuebles similares.
En 2025, Lord Relojes fue destituido después de una investigación por operaciones simuladas por más de 200 millones de pesos.
El caso escaló al ámbito internacional cuando el gobierno de Estados Unidos le revocó la visa. La medida se aplica de forma discrecional y Washington no explica públicamente sus motivos, pero en los últimos años ha recaído sobre funcionarios y políticos mexicanos señalados por vínculos con el crimen organizado. Consultada sobre el caso, la Presidencia respondió que no contaba con elementos públicos para corroborar su participación en el huachicol fiscal.
Pese a la acumulación de señalamientos —operaciones simuladas, patrimonio inexplicable y la revocación de la visa estadounidense—, Marín Mollinedo nunca se deslindó de su operador. Lo mantuvo en el cargo mientras dirigió las aduanas y, al dejarlas, lo sumó a su proyecto político: Márquez Hernández reapareció públicamente acompañándolo el día en que se registró como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la 4T en Quintana Roo, el primer paso para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura del estado.
Representante de Marín ante el IMPI es identificado como operador financiero del “Cártel Rumano” que lavó dinero con inversiones en Shark Tower, donde Marín compró un departamento
En febrero de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de más de 20 empresas y personas relacionadas con el “Cártel Rumano” liderado por Florian Tudor, basado en Cancún y con operaciones en 14 entidades federativas mexicanas y 15 países en América, Asia y Europa. Las actividades del grupo criminal incluían homicidios, extorsiones, fraudes bancarios, trata de personas y actividades con el Cártel de Cancún, vinculado con el Cártel de Sinaloa.
Según la acusación de la UIF, obtenida por Narcopolíticos, la Mafia Rumana se alió con el grupo de hackers “Bandidos Revolution Team” para clonar tarjetas, sobre todo de turistas que vacacionaban en México, con ganancias por un monto aproximado de 1,200 millones de dólares.
La UIF señaló como uno de los dos principales operadores financieros de la Mafia Rumana a Alejandro Enrique Arcos Romero y solicitó el bloqueo de sus cuentas como parte de la “Operación Caribe”, realizada en colaboración con el FBI.
Según la acusación de la UIF, Arcos ayudó a constituir al menos 14 empresas fachada para lavar dinero para esta red a través de inversiones inmobiliarias y casinos. Entre otras transacciones, el operador financiero de la mafia y exparticular de Rafael Marín, ayudó a que la mafia rumana adquiriera departamentos en el lujoso edificio Shark Tower. En ese mismo edificio, el extitular de las aduanas compró un departamento por 15 millones de pesos.
Una investigación de N+ Focus mostró que el 31 de mayo de 2024, Mollinedo escrituró a su nombre un departamento de 323 metros cuadrados en el séptimo piso, con un precio declarado de 15,546,308 pesos, después de realizar 19 pagos entre julio de 2017 y marzo de 2024. Aunque los dos “clientes” de Alejandro Arcos, la Mafia Rumana y el extitular de las Aduanas, adquirieron departamentos en el mismo edificio, hasta el momento no existe información que vincule dichas transacciones.
Desde que Alejandro Arcos fue acusado por la UIF en 2021, ha presentado al menos 6 demandas de amparo en contra de los bloqueos de cuentas bancarias y de jueces penales en la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos.
A pesar de la persecución de autoridades federales en su contra, Alejandro Arcos se desempeñó como secretario particular de Mollinedo, como han publicado medios como Reforma y El Universal. Además, apenas en mayo de 2026, Alejandro Arcos se desempeñó como representante del extitular de la ANAM para registrar la marca “Rafa Marín” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), como parte de sus preparativos para competir por la candidatura de Morena para la gubernatura de Quintana Roo.
El patrimonio inexplicado de Rafael Marín: un departamento de 15.5 millones y una red de cinco empresas
En marzo de 2026, N+ Focus mostró que Mollinedo incurruió en “enriquecimiento oculto”, ya que en su declaración patrimonial reportó solo 5 inmuebles, mientras que el Registro Público de la Propiedad registraba 9 inmuebles a su nombre.
La operación más costosa documentada es un departamento de 323 metros cuadrados en el séptimo piso de Shark Tower, en Puerto Cancún. Marín lo escrituró a su nombre el 31 de mayo de 2024, cuando era representante de México ante la Organización Mundial del Comercio, por un precio declarado de 15 millones 546 mil 308 pesos. De acuerdo con la investigación, cubrió el monto mediante 19 pagos realizados entre julio de 2017 y marzo de 2024.
El departamento no es el único activo relevante. N+ Focus reportó también una unidad de 213 metros cuadrados en Bellavista Towers o Be Towers, vendida el 18 de julio de 2025 por 9 millones de pesos; dos créditos inmobiliarios contratados con Le Parc Cancún en octubre de 2023 por más de 9 millones de pesos en conjunto; y una camioneta Mercedes-Benz G500 valuada en más de 3 millones de pesos, adquirida en Suiza. En contraste, Marín tenía un sueldo de 106 mil pesos en 2019 y 123 mil pesos como titular de Aduanas.
A ese patrimonio inmobiliario se suma una red empresarial de al menos cinco sociedades en las que Marín aparece como socio, de acuerdo con las fichas del Registro Público de Comercio revisadas por Narcopolíticos: Tabana Banana, Agrícola Teapa, Polietipet de México, Comercializadora y Servicios Básicos del Sureste y Alimentos e Insumos del Caribe. Los objetos sociales abarcan producción y comercialización agrícola, envases de PET, transporte privado de carga, desarrollos hoteleros, bienes inmuebles y comercio. En dos compañías, Marín mantiene posiciones mayoritarias: 51% de Comercializadora y Servicios Básicos del Sureste y 80% de Tabana Banana, donde además figura como administrador único.
En Mayo de 2023, cuando Marín todavía encabezaba la Agencia Nacional de Aduanas, constituyó Alimentos e Insumos del Caribe, S.P.R. de R.L. de C.V. Aportó 41 mil 143 pesos, cerca de 34% del capital, y asumió la tesorería del consejo con facultades de dominio; el objeto social incluye importación y exportación, actividades sujetas a la autoridad que él dirigía.
La salida de la ANAM en medio de las investigaciones por huachicol fiscal
Tras su segunda gestión, la salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se concretó el 31 de marzo de 2026, en medio de investigaciones y reportes sobre el incremento del llamado huachicol fiscal durante su gestión.
El punto de quiebre que visibilizó la magnitud del huachicol fiscal durante su gestión fue el aseguramiento de un buque en el puerto de Tampico, Tamaulipas, en marzo de 2025. La Marina detectó que el barco transportaba 10 millones de litros de diésel que habían sido declarados falsamente como aditivos para lubricantes, en un esquema diseñado para evadir el pago de impuestos federales. Investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y otros medios documentaron cómo empresas fantasma y funcionarios portuarios y aduanales participaron en la operación de esta red, que operaba desde Reynosa y tenía vínculos con autoridades del Sistema Portuario Nacional. El caso derivó en la detención de altos mandos navales y civiles, así como en el cese de funcionarios del puerto de Tampico.
Además de las irregularidades en la vigilancia y decomiso de combustibles, la gestión de Marín Mollinedo enfrentó cuestionamientos legales. Supuestamente la Fiscalía General de la República (FGR) le solicitó en varias ocasiones información específica a la Agencia Nacional de Aduanas sobre operaciones y autorizaciones vinculadas al huachicol fiscal, como parte de las investigaciones abiertas por el contrabando de hidrocarburos. Sin embargo, notas de medios detallan que, bajo la dirección de Marín, la ANAM no entregó la documentación solicitada por el Ministerio Público.
Los vínculos de Marín con el chófer de AMLO y su socio, ambos señalados por la DEA por recibir financiamiento de los Beltrán Leyva
Rafael Marín Mollinedo es primo de Nicolás Mollinedo Bastar, «Nico», exchofer y coordinador logístico de Andrés Manuel López Obrador. El vínculo entre ambos no solo es familiar o político. Según el Registro Público de Comercio, Nicolás fue comisario de Tabana Banana, S.A. de C.V., desde su constitución en 1997 y hasta 2011, una empresa donde Rafael es accionista mayoritario.
El señalamiento criminal contra el primo de Marín proviene de una investigación de la DEA reconstruida por ProPublica a partir de documentos oficiales y entrevistas con funcionarios estadounidenses. Roberto López Nájera, antiguo colaborador de Édgar Valdez Villarreal, «La Barbie», afirmó que en enero de 2006 operadores de esa organización acordaron entregar alrededor de 2 millones de dólares a la primera campaña presidencial de López Obrador a cambio de protección futura. En ese momento, la estructura de La Barbie funcionaba como una rama de la organización encabezada por Arturo Beltrán Leyva, entonces integrada al Cártel de Sinaloa.
Tras colaborar con Roberto Nájera, la DEA logró detener a Mauricio Soto Caballero, operador de la campaña de 2006 de AMLO, amigo y antiguo subordinado de Nicolás Mollinedo. Soto fue detenido por agentes encubiertos en McAllen, Texas, el 21 de octubre de 2010 y se declaró culpable en Nueva York de conspiración para traficar cocaína y aceptó colaborar como fuente. Según los resúmenes de investigación revisados por ProPublica, Soto declaró que Nico Mollinedo lo autorizó para recibir fondos y apoyos enviados por La Barbie y que le entregó dos depósitos cuantiosos en efectivo. Después, la DEA utilizó a Soto para grabar conversaciones con Mollinedo en abril y mayo de 2011, y consideraron que, en la seguna conversación era suficiente para probar que Nico Mollinedo conocía las aportaciones.
La investigación, sin embargo, nunca produjo una acusación judicial contra Nicolás Mollinedo ni contra López Obrador. El Departamento de Justicia estadounidense la cerró a finales de 2011, antes de autorizar una operación encubierta más amplia, por dudas sobre la suficiencia de la evidencia y por el riesgo de que la intervención fuera interpretada como injerencia electoral. ProPublica subrayó que los agentes no obtuvieron prueba concluyente de que López Obrador hubiera autorizado o conocido las presuntas donaciones. Nicolás negó haber recibido dinero del narcotráfico y dijo desconocer que Soto hubiera colaborado con la DEA.
En 2002, cuando Marín dirigía la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, la dependencia adjudicó mediante una licitación una concesión de tres años a Arte y Creatividad Digital, S.A. de C.V., sociedad de Mauricio Soto Caballero y Manfred Mauricio Quintanilla. Conforme a la información publicada entonces por La Jornada, la compañía instalaría publicidad en 881 autobuses y otros espacios de la RTP y pagaría al Gobierno del Distrito Federal una contraprestación de 140 millones de pesos.
La reunión con el primer narcogobernador sentenciado
El camino de Mollinedo hacia la candidatura de Morena para gobernar Quintana Roo no solo ha estado acompañado de presuntos delincuentes: su mano derecha, que lo acompañó a registrarse tras ser destituido por operaciones simuladas y una visa revocada; y su particular, que lavó dinero para la Mafia Rumana y le ayudó a registrar la marca “Rafa Marín” ante el IMPI para su publicidad de campaña. También ha estado acompañado de narcopolíticos sentenciados.
El 11 de abril de 2026, Marín publicó una foto sobre su reunión con el exgobernador Mario Villanueva Madrid, figura histórica del poder local y uno de los casos más emblemáticos de penetración del narcotráfico en la política mexicana. El encuentro ocurrió en el residencial Andara, en Chetumal, donde Villanueva se encuentra sujeto a prisión domiciliaria.
En 2013, una corte federal de Manhattan sentenció a Villanueva a 131 meses de prisión por conspirar para lavar millones de dólares en sobornos provenientes del narcotráfico. El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostuvo que, durante su gobierno en Quintana Roo, Villanueva recibió pagos del Cártel de Juárez a cambio de permitir el paso de cargamentos de cocaína por el estado; también señaló que esos recursos fueron movidos por cuentas en Estados Unidos, Suiza, Bahamas, Panamá y México.
En términos estrictos, la sentencia estadounidense fue por lavado de dinero vinculado a sobornos del narcotráfico, no por una condena directa por tráfico de drogas. Sin embargo, el caso de Villanueva quedó instalado en la memoria pública como el primer gran expediente contra un exgobernador mexicano por su colaboración con una organización criminal transnacional. La propia fiscalía estadounidense afirmó que el exmandatario puso infraestructura política y policial de Quintana Roo al servicio del Cártel de Juárez, para facilitar el traslado de cocaína hacia Estados Unidos.
Tras la polémica, Villanueva defendió públicamente la reunión. Dijo que recibió a Marín como “un amigo de muchos años”, que éste acudió preocupado por su estado de salud y que la fotografía debía entenderse como un gesto personal, no necesariamente como un acto de respaldo político. También sostuvo que, aunque tiene suspendidos sus derechos políticos de votar, ser votado y pertenecer a partidos, conserva su derecho a recibir visitas, expresarse y mantener contacto con el exterior.
Marín, por su parte, también intentó minimizar el episodio. Durante su registro como aspirante en el proceso interno de Morena en Quintana Roo, afirmó que conoce a Villanueva desde hace años y que acudió a visitarlo como amigo. La explicación no disipó del todo la lectura política: para la prensa local, la imagen conectaba a Marín con el viejo villanuevismo, un grupo que aún conserva memoria, redes y peso simbólico en el sur del estado, pero que también arrastra el expediente criminal más grave de la historia política quintanarroense.
La reunión no prueba, por sí misma, una relación criminal entre Rafael Marín y Mario Villanueva. Su relevancia está en otro plano: revela la disposición de Marín a mostrarse públicamente con un exgobernador condenado en Estados Unidos por lavar sobornos del narcotráfico, en plena antesala de la disputa por la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo. En un perfil ya marcado por señalamientos sobre Aduanas, huachicol fiscal y patrimonio, la fotografía con Villanueva operó como un nuevo elemento de vulnerabilidad política: no acreditó una conducta ilícita, pero sí reforzó una narrativa de vínculos incómodos con personajes asociados al poder político-criminal del estado.
Trayectoria profesional
Licenciado en Economía por la UNAM. Durante la administración de López Obrador como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, fue director de la Red de Transporte de Pasajeros (2000 a 2003) y luego titular de la Dirección General de Servicios Urbanos, Ciudad de México (2003-2006).
Su trayectoria incluye cargos en la Secretaría de Programación y Presupuesto, la Secretaría de Hacienda, Petróleos Mexicanos y como embajador de México ante la Organización Mundial del Comercio, además de responsabilidades en el ámbito social y urbano durante la jefatura de Gobierno de López Obrador en Ciudad de México. Ese historial lo ha colocado como un operador político experimentado.
Con información de NarcoPoliticos.
