A mediados de abril del 2026 la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco señaló que la baja de homicidios dolosos en Quintana Roo era de un 74% en relación con el 2024.
Este tipo de declaraciones se han vuelto recurrentes en las últimas semanas. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en vender la idea de que las cosas en México van mejor en temas de seguridad y que las estrategias de Omar García Harfuch, centradas en la detención de “generadores de violencia”, están dando resultados.
En Quintana Roo este esfuerzo se ha centrado en utilizar como herramienta de inteligencia el Atlas Delictivo del Estado, que se ha situado en el centro de la operación policial y en la puesta en marcha de operativos interinstitucionales abocados a esta misión. Durante el año 2025 la FGJE señaló que se detuvo a 36 objetivos prioritarios identificados en el Atlas Delictivo.
La realidad de los homicidios y la violencia, lamentablemente, va por otro lado. En el caso de Quintana Roo, a pesar de las detenciones de importantes líderes criminales en los últimos meses, la violencia y el miedo siguen presentes en toda la entidad.
Desde la ejecución de Francisco Alberto López Galván alias “Paco” o “el Huachi”, uno de los líderes del Cartel de Sinaloa en Cancún en junio del 2022 y la detención de su rival, Héctor Elias Flores Aceves, alias el “15”, líder de los Chapitos en Cancún, en mayo del 2023, el gobierno de Quintana Roo inició un proceso en el que se han ido capturando con un ritmo más intenso sicarios, narcomenudistas y diferentes líderes criminales. Esta política se ha acelerado a partir del impulso que García Harfuch está marcando para todo el país.
En el sur del Estado también fueron neutralizados líderes del crimen organizado, después de la agudización de la violencia en los municipios de Bacalar, Othón P. Blanco, Carrillo Puerto y José María Morelos.
¿Cuáles son los números de la violencia en Quintana Roo?
Quintana Roo es una de las entidades federativas más violentas de México. En los últimos diez años las tasas, dependiendo si la fuente, es el INEGI, o el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública superan tasas de 40 y en algunos años los 70 por cien mil (en los municipios del norte de Quintana Roo se superan tasas de 80).
Si nos fijamos en los municipios, Benito Juárez (Cancún) la joya del partido verde ocupa el primer lugar en homicidios, curiosamente desde el 2018 cuando la gobernadora ocupaba la presidencia municipal de Benito Juárez, legado que continuo la ex priista Ana Patricia Peralta de la Peña primero vestida de verde y luego vestida de guinda.
En el norte de Quintana Roo tenemos un escenario de alta presencia del Estado y niveles muy altos de homicidios y desaparecidos, lo que empata a los municipios de esta zona con otros como Tijuana, Ciudad Juárez, Acapulco, Irapuato, Celaya, Salamanca, Cajeme o San Luis Río Colorado. En estos contextos, hablamos de zonas industriales, comerciales o turísticas, en donde las actividades económicas siguen funcionando, independientemente de la violencia que los envuelve, en buena medida por el pago de extorsiones, y por la adaptación al contexto criminal.
En el gobierno de la morenista de María Elena Hermelinda Lezama Espinosa mejor conocida como “Mara Lezama” existe un escenario de violencia, en el que los números reportados de homicidio, son bajos, pero en donde las desapariciones y el desplazamiento forzado de personas se ha vuelto cotidiano. A vista de pájaro no sucede mucho, pero analizando a detalle nos encontramos con un contexto totalmente controlado por el crimen organizado, y una falta de presencia del Estado que tiene de rodillas a la población en muchas comunidades, especialmente de tipo rural.
Según el INEGI, entre el año 2015 y el 2024 en Quintana Roo hubo 5,630 homicidios. Si a la cifra de homicidios del SESNSP le restamos accidentes de tránsito y le sumamos feminicidios, el número de muertes violentas intencionales entre 2015 y 2025 fue de 10,422 (en el 2025 se reportan 1,007 homicidios). Si aplicamos la misma fórmula a los datos del SESNSP en todo el país, para evitar la manipulación que existe especialmente en Quintana Roo, Oaxaca y Michoacán, resulta que únicamente en Quintana Roo y Oaxaca los números de homicidios son más reducidos en el INEGI, lo que en estos casos puede hablar de una posible doble manipulación de la información.
En todos los estados, menos violentos del país los datos reportados por INEGI y SESNSP son muy similares, y en los otros violentos, el INEGI reporta un mayor número de homicidios que el SESNSP. De forma más evidente en Zacatecas, Morelos, Chihuahua y Guanajuato; y de forma más moderada en Michoacán, Sinaloa, Sonora y Guerrero. Eso nos hace que nos cuestionemos qué es lo que pasa con la información del INEGI tanto en Quintana Roo, como en Oaxaca.
En el caso de los desaparecidos, Quintana Roo reporta un total de 1,642 personas desparecidas entre el 2015 y el 2025. De ellos el 95% se ha dado desde el 2019 hasta diciembre del 2025.El 78.2% en los últimos cuatro años, que son en donde aparentemente la administración federal señala que inicia la reducción de homicidios en el país.
Si ponemos el foco en los muertos en accidentes de tránsito, encontramos otra discrepancia. El INEGI reporta 634 fallecidos por esta causa entre 2015 y 2024, y el SESNSP, 2,163 entre 2015 y 2025 (de los que 272 son el 2025). ¿Por qué en prácticamente todas las entidades federativas ese número es muy similar y en Quintana Roo la discrepancia es tan grande?
¿Cómo se manipula la información en Quintana Roo?
La violencia en Quintana Roo se dispara en el Gobierno de Carlos Joaquín González, a partir del año 2017, con el ingreso del Cartel Jalisco Nueva Generación en la disputa por el territorio.
En el año 2018 el gobierno contrató dos “estrellas” de la seguridad y la procuración de justicia respectivamente. Jesús Alberto Capella Ibarra, conocido por sus gestiones de la seguridad en Baja California y Morelos, fue nombrado Secretario de Seguridad Pública; y Óscar Montes de Oca, un reconocido fiscal de la Ciudad de México, fue promovido como Fiscal General de Justicia del Estado.
El resultado fue que a partir del 2019 empezó a manipularse de forma sistemática la información que se reportaba al SESNSP. La estrategia consistió en reducir los homicidios dolosos (que son los que normalmente se usan de referencia para medir las muertes violentas intencionales), utilizando dos categorías de homicidios culposos: la que identifica personas muertas accidentalmente “con otro elemento”, que no son un arma de fuego, o un arma corto punzante; y la que señala “no especificado”, es decir que no se sabe cómo se murió.
La categoría “con otro elemento” pudiera parece legítima. Sin embargo, los números que se reportan en esta categoría son demasiado elevados. En el país encontramos números altos reportados en este rubro únicamente en Guanajuato, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. En 2018 en Quintana Roo se reportaron 17 personas fallecidas, de esta forma, lo que parece creíble. A partir del 2019 se registran 592, de las cuales el 85% se reportaron en 2019 y 2020.
La categoría “No especificado”, nos indica a las claras, cuando se presenta en números exagerados, que nos encontramos frente a una manipulación, o frente a la incapacidad de registro de la fiscalía, que no sabe como fallece la gente. En 2018, 17 personas fueron clasificadas en este rubro. Entre 2019 y 2025, han sido 3,449, las que se han situado en este rubro, lo que únicamente ha sucedido, como se ha señalado y de forma mucho más moderada en Oaxaca y Michoacán.
Si estos 4,041 reportados de forma tan poco ortodoxa, se le restan a la cifra de 10,422, que anteriormente he dado por buena (utilizando la misma fórmula para todo el país), podemos observar que el SESNSP reportaría aproximadamente 6,381 personas fallecidas, lo que aproxima el número mucho a lo que señaló el INEGI, que fue 5630 homicidios con un año menos (la estadística pública del INEGI llega hasta el 2024). Es precisamente esta “coincidencia” la que hace sospechar que la operación política de manipulación impulsada por el gobierno de Quintana Roo también alcanzó al INEGI.
Conclusión
Omar García Harfuch trata de mostrar a los Estados Unidos que su estrategia de captura de líderes criminales está dando resultados. También busca convencer al electorado mexicano que ello es así. Sin embargo, en el caso de Quintana Roo, la afirmación está instalada sobre una gran manipulación y es normal que se desconfíe de los datos gubernamentales.
La realidad es que desde 2015 en Quintana Roo se superan los 10,000 asesinatos, los 1,600 desparecidos, y que la diferencia de 1,500 personas muertas en accidentes de tránsito entre los que reporta el INEGI y el SESNSP, también nos hace sospechar que incluso en esta categoría se pudieran encontrar personas asesinadas por las luchas de los grupos del crimen organizado.
La estrategia de la detención de “generadores de violencia”, es adecuada y positiva, si va acompañada por la recuperación del territorio, y por el incremento de la seguridad entre los ciudadanos. De momento, en Quintana Roo, todavía nos encontramos muy lejos de este objetivo.
