Licencia de 2 años cuesta 1,897 pesos, más del triple que en el resto del estado
*Kotasek mantiene silencio por este cobro inequitativo que ejerce el gobierno Humanista Con Corazón Feminista.
*Abogado ya prepara amparo contra el Imoveqroo
Chetumal.– El Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), encabezado por Rafae lKotasek, quedó en el centro de la polémica tras revelarse que en Cancún se cobra 1,897 pesos por una licencia de automovilista con vigencia de dos años, mientras que el mismo trámite, con idéntica vigencia y bajo el mismo marco legal, cuesta poco más de 600 pesos en el resto de los municipios del estado. La diferencia asciende a 1,297 pesos, es decir, más del triple por exactamente el mismo documento oficial.
El municipio de Benito Juárez se ha convertido así en el punto más caro de Quintana Roo para obtener una licencia estatal. No se trata de un servicio distinto, ni de un formato especial, ni de un beneficio adicional. Es la misma licencia, emitida por la misma autoridad estatal, pero con un precio que castiga exclusivamente a quienes la tramitan en esta demarcación.
La denuncia fue hecha pública por el abogado Ernesto A. Chapur, quien anunció la preparación de un amparo al considerar que el cobro viola el principio constitucional de equidad tributaria.
El argumento es contundente: el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las contribuciones deben ser proporcionales y equitativas. Si la situación jurídica es la misma, el trato también debe serlo.
Aquí no hay matices, el Imoveqroo está cobrando distinto por el mismo derecho estatal dependiendo de la ciudad. Las preguntas son inevitables y políticamente incómodas:
¿con qué sustento técnico o financiero se impone esta diferencia de 1,297 pesos?
¿Dónde está el estudio de costos que justifique que en Cancún el precio se dispare a 1,897 pesos?
Hasta el momento, no existe explicación pública detallada que respalde la medida.
Más grave aún, la práctica envía un mensaje preocupante, que en Quintana Roo hay ciudadanos que pagan más simplemente por vivir en un municipio con mayor actividad económica. Si el criterio es la presunta “capacidad de pago” de los cancunenses, se estaría frente a un precedente delicado que raya en la discriminación fiscal.
El silencio del titular del instituto no ayuda, en lugar de transparentar los fundamentos legales y financieros de las tarifas, la dirección del Imoveqroo ha optado por no fijar una postura clara frente a una inconformidad que ya escaló al terreno jurídico. Mientras tanto, miles de trabajadores, empleados del sector turístico y familias cancunenses deben desembolsar casi 1,900 pesos para cumplir con una obligación que en otros municipios cuesta poco más de 600.
La diferencia no es menor en un contexto económico donde cada peso cuenta. Para muchos ciudadanos, 1,297 pesos adicionales representan días de salario. Y cuando la autoridad no explica, no justifica y no transparenta, la sospecha se convierte en indignación.
Si el amparo prospera, el caso podría sentar un precedente que obligue a revisar no sólo las tarifas del Imoveqroo, sino otros derechos estatales con esquemas diferenciados poco claros. Más allá del debate legal, el fondo del asunto es político y ético: la autoridad debe garantizar igualdad ante la ley, no convertir la movilidad en un privilegio más caro según el código postal.
Ante estás atrocidades cometidas por el gobierno de Quintana Roo también se calla la alcaldesa morenista Ana Patricia Peralta quien sueña ser gobernadora del Estado. Por; Jorge Argüelles.
