12 Mar. 2026
Integrantes de la Sociedad Cooperativa de Servicios Turísticos Kukulcán, propietaria y operadora del Restaurante Kukulcán, ubicado en Puerto Juárez, desde hace años mantienen un litigio con la familia de la hoy presidenta municipal de Cancún, Ana Patricia Peralta de la Peña, quien quiere ser nada mas gobernadora de Quintana Roo, por el despojo de predios sobre los cuales tienen derechos de ocupación y uso por contar con una concesión autorizada en tiempo y forma por la SEMARNAT, la cual han venido utilizando, pagando los derechos respectivos que establece la autoridad federal correspondiente.
En la primera publicación el día 11 de febrero del presente, expusimos como es que la empresa de la madre de la alcaldesa, OPERADORA NEW LIFE, S.A. DE C.V. (antes DE LA PEÑA VARA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.), acusa a los cooperativistas falsamente y sin fundamento alguno de un supuesto delito de despojo de inmuebles, cuando ellos no han cometido despojo alguno porque en realidad la superficie que ocupan la han estado ocupado legal e ininterrumpidamente desde hace más de veinticinco años porque obtuvieron una concesión otorgada por la SEMARNAT
Sin embargo, la militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que quiere llegar a la gubernatura de Quintana Roo a través de la votación de MORENA, utiliza su poder político y económico para defender los negocios e intereses de su familia, la cual con actos ilegales y deshonestos les ha venido arrebatando espacios a familias de pescadores, quienes su única forma de subsistencia es la pesca y la operación de un restaurante.
Para Ana Patricia Peralta de la Peña le es muy fácil utilizar sus influencias políticas y económicas en instancias de la Fiscalía General del Estado y en el Poder Judicial de Quintana Roo para dar cumplimiento a la encomienda familiar de quedarse con terrenos de propiedad federal que han sido concesionados a estas familias de pescadores, porque ella nació y ha vivido en la abundancia y no conoce las necesidades que tienen las familias trabajadoras quintanarroenses.
Las familias de Puerto Juárez recuerdan que autoridades educativas de Quintana Roo entregaron a la comunidad un predio para la construcción de un bachillerato, incluso se hizo una ceremonia de entrega formal del predio para proceder a la gestión de los recursos para la edificación del plantel, el cual nunca se construyó porque Diego de la Peña, un hotelero pionero en Cancún y abuelo materno de la actual presidenta municipal se opuso en todo momento y al final de cuentas se quedó en posesión del referido predio, de igual forma las propiedades del buzo Ramón Bravo.
Este martes 10 de marzo, integrantes de la directiva de la Sociedad Cooperativa de Servicios Turísticos Kukulcán, acompañados por su abogado, se trasladaron hasta la comunidad maya de X-Pichil, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, donde la gobernadora Mara Lezama Espinoza encabezó una audiencia pública, pero no fueron recibidos por la titular del Poder Ejecutivo Estatal debido a que sus colaboradores se negaron a incluirlos en la agenda.
A pesar de ello, uno de los cooperativistas logró acercarse y entregó en mano a Mara Lezama un documento en el que se le vuelven a plantear sus demandas para que intervenga y se evite que la familia de la presidenta municipal de Cancún les arrebate el uso de la concesión que ha servido para tener empleos y sostener económicamente a sus familias.
Posteriormente, en la misma audiencia pública de la Gobernadora la comitiva de cooperativistas y su abogado fueron atendidos diligentemente por la Secretaria General de Gobierno de Quintana Roo, María Cristina Torres, servidora pública, quien desde semanas atrás se ha encargado de buscar las vías institucionales para que el asunto sea atendido con prontitud y apego a Derecho por las instancias correspondientes.
En dicha reunión pública los atendió también la Lic. Estela Labastida, Fiscal en la zona, en representación de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, quien primeramente les dijo a los representantes de la cooperativa que en ese mismo momento había sostenido una llamada telefóncia con el Fiscal General del Estado, Maestro Raciel López Salazar, quien comentó que el lunes de la próxima semana el Fiscal Especializado de Delitos Patrimoniales en Cancún les informarían si se ejerce, o no, acción penal en la carpeta de investigación en la cual están como imputados por parte de la empresa propiedad de la familia de la presidenta municipal de Cancún, acusados de despojo, porque supuestamente están usufructuando una concesión que fue otorgada a la referida empresa de la familia De la Peña Sánchez.
Así, en la audiencia pública se les informó que el referido Fiscal Especializado dará a conocer su resolución hasta el próximo lunes, por medio del cual se conocerá si a los representantes de la cooperativa se les ejerce acción penal, o no.
Los cooperativistas, al viajar hasta X-pichil, en busca de una audiencia con la gobernadora para que intervenga en su caso, demostraron su interés de continuar su defensa hasta las últimas consecuencias por la vía legal, así como continuar difundiendo su caso por diversos medios de comunicación, además, de considerar la viabilidad jurídica de tocar puertas en organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En este contexto, dieron a conocer que ya presentaron sendas quejas formales ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisón Estatal de Derchos Humanos por lo que consideran irregularidades en el respeto a sus derechos humanos que han cometido tanto dependencias federales como estatales.
En estas quejas ante la CNDH y la CDHQR fueron señaladas como autoridades responsables: El titular de la Mesa de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Guillermo Domínguez Espinoza; el titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Raciel López Salazar; la presidenta municipal de Benito Juárez (Cancún), Ana Patricia Peralta De la Peña, así como el Juzgado Penal de Control en Cancún Quintana Roo.
La inconformidad de los pescadores cooperativistas en Cancún y alrededores se está manifestando al solidarizarse con sus colegas a quienes se les pretende despojar de una concesión que ha representado el sustento para sus familias, durante las últimas décadas. Al menos una veintena de cooperativistas se han sumado a esta lucha.
Entre estos apoyos se encuentra el de Rodolfo Gabourel, presidente de la Cooperativa de Náuticos en Cancún, amén del apoyo contundente de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas Turísticas del Estado de Quintana Roo, representada por su presidente José Isabel Montesinos Brito.
Recordemos, que hace unas semanas, representantes de la cooperativa, solicitaron el apoyo de la gobernadora Mara Lezama Espinoza, para que los ayudara a defender el patrimonio que les sirve para mantener a sus familias ante las acciones ilegales de despojo, como que una juez del Poder Judicial Estatal determinó asegurar el predio donde opera el restaurante, a petición de las empresas de la cual es apoderada Ana Patricia de la Peña Sánchez, madre de la presidenta municipal de Cancún e hija de Diego de la Peña, quien en vida decidió que los predios concesionados a los pescadores deberían estar siendo usufructuados por él y por su familia.
Como respuesta a la solicitud de intervención a la gobernadora, la secretaria de Gobierno del Estado de Quintana Roo, María Cristina Torres Gómez, envío oficios tanto a la Fiscalía de Quintana Roo como al Tribunal Superior de Justicia, solicitando informes del caso, dentro de sus respectivas autonomías.
Al titular de la Fiscalía, Raciel López Salazar, le pide que le informe el estado procesal que guarda la respectiva carpeta de investigación, toda vez que el representante de la citada cooperativo solicitó la intervención del Poder Ejecutivo.
Al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, Heyden José Cebada Rivas, también le pide informe sobre el estado procesal que guarda el expediente judicial de contol respectivo.
El Fiscal Especializado encargado del caso por fin recibió al abogado de los cooperativistas quien le expuso las inconsistencias que ha visto en la integración de la carpeta de investigación y la evidente inexistencia de despojo alguno que perseguir.
Sin embargo, hasta el momento la situación procesal del caso sigue estancada con lo que jurídicamente las autoridades ministeriales y judiciales de Quintana Roo, por omisión, le siguen dando la razón a la familia de la presidenta municipal de Cancún.
La empresa OPERADORA NEW LIFE, S.A. DE C.V. (antes DE LA PEÑA VARA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.),, de la cual Ana Patricia De la Peña Sánchez, madre de la alcaldesa de Cancún, es apoderada, acusa a los pescadores de despojo, cuando éstos han venido ocupando la superficie que les corresponde desde hace mas de veinticinco años porque tienen una concesión de la zona marítima federal expedida por la Semarnat desde 2010, dependencia que dos años más tarde le otorgó a De la Peña Vara y Asociados S.A de CV una concesión en la que incluyó el área concesionada previamente a los pescadores, por lo que estos fueron denunciados penalmente por despojo, sin tomar en cuenta que la familia de la actual presidenta municipal de Cancún, en ningún momento ha estado en posesión del predio donde opera el restaurante de los pescadores, ya que el error lo cometió el gobierno federal y hasta el momento se han negado a corregirlo, con lo que se beneficia la familia específicamente la madre de la presidenta municipal de Cancún, De la Peña Sánchez y descendientes.
El conocimiento del caso que tuvo la titular del Poder Ejecutivo Estatal del caso, permitió que estos pescadores y sus familias tengan una esperanza de que su patrimonio no les sea arrebatado, toda vez que están al corriente con sus pagos y contribuciones de ley, pero la decisión final la tendrán personas servidoras públicas que desde la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo han dirigido sus acciones institucionales desde el trafico de influencias de una mujer de la política que busca ser la próxima gobernadora de la entidad.
Por; Graciela Machuca Martínez
