Caso Puerto Juárez: ambición y tráfico de influencias de la familia de la alcaldesa morenista de Cancún Ana Patricia Peralta de la Peña (quien sueña ser gobernadora de Quintana Roo) en agravio de pescadores.
A manos de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinoza, llegó una carta enviada por integrantes de la Sociedad Cooperativa de Servicios Turísticos Kukulcán S.C.L. (SCKK), propietaria y operadora del Restaurante Kukulcán, ubicado en Puerto Juárez, para solicitar su intervención, ya que la Operadora New Life, S.A. de C.V. (ONL), propiedad de Ana Patricia de la Peña Sánchez, madre de la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña y de otros familiares, acusa de despojo a pescadores de Puerto Juárez que tienen una concesión de la zona federal expedida por la Semarnat desde 2010, la misma dependencia, en 2012, le otorgó a De la Peña Vara y Asociados S.A de CV una concesión en la que incluyó el área concesionada previamente a pescadores.
La presidenta municipal de Cancún y familiares, a como de lugar quieren despojar a los primeros concesionarios del derecho que les da la antigüedad y el principio jurídico de quien es primero en tiempo es primero en derecho, ya que a ellos, la Semarnat les otorgó una concesión, la cual han ejercido legal y pacíficamente, Además, de estar en posesión del pedio desde 1997, por lo que no procede el delito de despojo del que los acusan, ya que la familia De la Peña Sánchez en ningún momento ha estado en posesión de la zona que reclaman como suya, pero para ello utilizan el tráfico de influencias, tanto en la Fiscalía estatal, como en instancias judiciales locales y federales.
Los afectados le explican en su misiva a la gobernadora que en el año 2021, De la Peña Vara y Asociados cede su concesión a Operadora New Life, ambas empresas de la misma familia De la Peña Sánchez, después ambas se fusionan, persistiendo está ultima, persona moral que intensifica las acciones para quitarle a los pescadores el predio donde operan desde 1997 el restaurante Kukulcán.
En el documento que se le envío a la gobernadora, así como de las entrevistas a los interesados realizadas por Maya sin Fronteras, se establece que en la Fiscalía de Quintana Roo identifican el asunto bajo la expresión “el caso de Puerto Juárez”, porque ahí está el restaurante y porque la denunciante Operadora New Life, empresa de la familia de Ana Paty Peralta, “ha ejercido una presión constante e inusual para obtener resolución favorable.
“Sabemos que ONL cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Benito Juárez para presionar a la FGE para que emita una resolución de ejercicio de la acción penal en favor de la denunciante y en contra de la cooperativa”, se lee en la carta que fue enviada a la gobernadora.
Los representantes de más de 50 familias que viven de la pesca y de la operación del Restaurante Kukulcán advierten que temen una resolución ilegal de ejercicio de la acción penal en contra de la Sociedad Cooperativa Kukulcán, “que se emita contra derecho y de manera notoriamente ilegal e injusta en agravio de la Cooperativa, todo por la presión política e institucional que está ejerciendo indebidamente el Ayuntamiento de Benito Juárez para el uso faccioso de la justicia”.
Los cooperativistas se quejan que el fiscal encargado del caso, Guillermo Domínguez Espinosa, “se ha negado sistemáticamente a recibirnos y a escucharnos, siempre que acudimos, su personal solo nos dice que está muy ocupado y que no puede recibirnos”.
Agregan que la intervención legal del Ayuntamiento, también se ha notado en los Juzgados de Control del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, pues en la Carpeta Auxiliar 48/2025, la jueza de control del Sistema Penal Acusatorio, con sede en Cancún, ilegalmente otorgó en favor de ONL un aseguramiento del inmueble que ocupa la cooperativa y que tiene por objeto el cierre o suspensión de las actividades comerciales (restaurante) de la cooperativa, en franca violación al Artículo 243 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta ilegalidad se logró evitar por la suspensión que otorgó una jueza de Distrito para que la cooperativa pueda seguir operando, como lo hace hasta el día de hoy.
En entrevista con Maya sin Fronteras, René Tercero , abogado defensor de la Sociedad Cooperativa Servicios Turísticos Kukulcán, explicó que su defendida ocupa una superficie concesionada por Semarnat desde 2010 y ha estado en posesión pacífica por más de 27 años.
El abogado argumenta que la denuncia es extemporánea (prescrita) y que no existe delito de despojo, además de señalar presuntas presiones políticas y dilación en el proceso por parte de la Fiscalía.
Tercero detalla que la cooperativa ha ocupado la superficie por más de 27 años; la superficie les fue concesionada en el año 2010 por la SEMARNAT, la cual han estado ocupando y trabajando en una posesión pública, pacífica y continua de la superficie.
Existe una resolución de revocación ilegal de la concesión que fue debidamente impugnada mediante un recurso administrativo, y sus efectos están suspendidos en espera de la resolución.
También se solicitó y se ingresó la documentación para la prórroga de la concesión en noviembre 2025, antes de su vencimiento en 2026.
Entre los argumentos de la defensa se encuentra que la Operadora New Life exhibió una concesión dos años posterior a la de la cooperativa, y las concesiones están empalmadas, lo que debería aclararse por vía civil, no penal.
Se recalca que no existe delito de despojo porque este implica la desposesión de un inmueble que ya estaba en posesión previa de Operadora New Life, lo cual no es cierto, por que JAMÁS a ocupado ese predio.
La ocupación de la cooperativa desde hace 27 año está demostrada con testigos, el título de concesión, la escritura constitutiva de la cooperativa y diversas licencias de funcionamiento y protección civil otorgadas por el gobierno del Estado y el ayuntamiento de Benito Juárez, las cuales están vigentes.
La denuncia por el supuesto despojo de Operadora New Life fue presentada de manera extemporánea. Tuvieron conocimiento de la ocupación desde el 22 de febrero de 2021, cuando se les hizo la cesión de derechos, pero presentaron la denuncia hasta el 3 de mayo de 2023, lo que excede el plazo de un año que el código penal el Estado otorga.
Los accionistas de Operadora New Life y de la Peña Vara y Asociados son familiares directos de la presidenta municipal de Benito Juárez, lo que genera suspicacia. La madre de la alcaldesa, Patricia de la Peña, es apoderada de Operadora New Life y de la Peña Vara y Asociados.
Ante el aseguramiento otorgado a Operadora New Life de manera ilegal por la Juez, el restaurante Kukulcán obtuvo una suspensión en un amparo que permitió que el inmueble quedara asegurado, pero sin suspender el funcionamiento del restaurante, ya que esto afectaría los derechos de la cooperativa y el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que el aseguramiento no debe suspender actividades lícitas.
El fiscal especializado en combate a delitos patrimoniales, Guillermo Domínguez Espinosa, se ha negado a recibir al abogado defensor para escuchar sus argumentos y pruebas, lo que retrasa la impartición de justicia y genera preocupación sobre una posible resolución sin considerar los detalles probatorios.
Un amparo promovido contra el aseguramiento fue negado por una nueva juez, por lo que se ha promovido un recurso de revisión ante el tribunal colegiado.
La Operadora New Life S.A de C.V. se relaciona con la familia de la presidenta municipal de Benito Juárez de la siguiente manera:
Los accionistas de Operadora New Life son familiares directos de la presidenta municipal de Benito Juárez, por la vía de paternidad y maternidad.
La señora Patricia de la Peña Sánchez, madre de la alcaldesa, es apoderada de Operadora New Life y de la Peña Vara y Asociados.
La disputa por la concesión empezó con el señor Diego de la Peña, quien se identifica como el abuelo de la alcaldesa, uno de los primeros empresarios hoteleros del complejo turístico de Cancún, en la década de los setentas del Siglo XX.
La defensa de la Cooperativa Kukulcán ha emprendido las siguientes acciones legales ante la negativa del fiscal Guillermo Domínguez Espinosa a recibirlos:
Han insistido a la fiscalía desde el principio de la defensa sobre la inexistencia del delito de despojo y la prescripción de la denuncia.
Solicitado al fiscal que resuelva la carpeta de investigación y que ponga atención en los aspectos que han mencionado.
Gonzalo Chale Velázquez, socio presidente de la cooperativa recuerda que esta fue fundada en 1994 y en el año 2010 obtuvo una concesión de la Zona Marítima Federal que fenece en 2026 en Puerto Juárez, Cancún.
Hace 15 años, enfrentaron una situación similar con una orden de aprehensión por despojo, emitida por la PGR, por parte de las mismas personas que ahora intentan despojarlos nuevamente, aunque la empresa involucrada es diferente.
En esa ocasión, a Gonzalo Chale Velázquez se le giró una orden de aprehensión por despojo, pero fue liberado. Este problema fue resuelto en su momento, y las mismas personas que estuvieron involucradas en ese conflicto son las que están detrás de la acusación actual.
Las implicaciones económicas y sociales de la acusación actual para los socios y empleados de la cooperativa son significativas, ya que la cooperativa es su fuente de trabajo. Si pierden la posesión de su superficie concesionada por acciones ilegales de la Fiscalía del Estado o los jueces de control, muchas familias se quedarán sin beneficio y sin sustento.
Roger Valentín Viana Patrón, tesorero de la cooperativa, comenta que su restaurante lo operan desde 1997 en la carretera Puerto Juárez-Punta Sam, km 1,726 y se dedica a la cocina caribeña de mariscos.
Viana Patrón expresa preocupación por ser despojados de su fuente de trabajo por la familia De la Peña, a pesar de tener el predio en concesión y posesión.
Ante la situación que enfrentan, Roger Valentín Viana Patrón y la cooperativa realizan un llamado a la autoridad competente y a los medios de comunicación para que la situación se solucione de la manera más tranquila posible y con apego a derecho, con piso parejo
Donato García Herrera, presidente de vigilancia del Consejo de Administración y cocinero en la cooperativa, señala que la cooperativa trabaja desde hace 27 años, Argumenta para defender la legitimidad de su cooperativa el hecho de que han estado trabajando y pagando todos los requisitos legales durante muchos años.
Menciona que tienen pruebas como lo son los pagos de zona federal, impuestos, basura, licencia de funcionamiento y patentes, y que estos pagos les siguen siendo aceptados., los que acredita que su concesión está vigente. Además, enfatiza que su concesión fue otorgada en 2010 y que han estado en la cooperativa desde 1997, lo que demuestra su larga trayectoria y permanencia en el lugar.
Donato García Herrera menciona que tienen muchos años pagando esto y que les siguen aceptando todos esos pagos.
Ana Patricia Peralta de la Peña y su familia debieran ser menos voraces, para no entorpecer sus aspiraciones a la gubernatura de Quintana Roo, la cual considera merecer por formar parte del proyecto de poder del Partido Verde Ecologista de México, a expensas del deterioro de la imagen política de MORENA en la entidad.
Ante el tráfico de influencias de la familia De la Peña Sánchez, los pescadores cooperativistas que forman parte de un frente de 33 cooperativas, organizadas desde la Isla de Holbox hasta Xcalak, las cuales se solidarizan con estos pescadores y han advertido que si la Fiscalía se niega a cumplir con el Derecho, tienen las condiciones para movilizarse públicamente.
Necesariamente Incomoda; Graciela Machuca Martínez 11/02/2026
