El año pasado, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó una muestra de 62 contratos que el gobierno de Nuevo León de Movimiento Ciudadano Samuel García Sepúlveda otorgó y pagó con recursos federales en 2023, los auditores determinaron un sinfín de irregularidades derivadas de la “falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto y del cumplimiento del objeto de los contratos (…) que acredite la entrega de los bienes”. Por ello, el informe de auditoría presumió un “daño o perjuicio” a la Hacienda Pública por 192 millones 334 mil pesos.
Redacción; Junio 18 del 2026
La misma ASF revisó otra muestra de contratos, ahora de los Servicios de Salud del Estado de Morelos, otorgados por el gobierno de la morenista Margarita González Saravia Calderón, también en 2023. Los auditores recopilaron una gran cantidad de información (27 CD, un USB y anexos) y de nueva cuenta detectaron una “falta de información contractual (número de contrato, proveedor, RFC y partida, entre otros) (…) que acredite la contratación o que justifique los gastos diversos del total de las erogaciones”, por un monto aún mayor: mil 151 millones 242 mil pesos.
Sin embargo, en lugar de determinar un pliego de observación y de presumir un daño a la hacienda, el informe de la ASF sólo emitió una “solicitud de aclaración” mediante la cual invitó al gobierno de Morelos a aportar más información, una acción permitida en la normativa del ente fiscalizador, pero reservada para casos excepcionales o mejor dicho para gobiernos en turno.
En ambos asuntos, el gobierno estatal no pudo justificar que los bienes o servicios contratados –y pagados con recursos federales– fueron entregados, pero la ASF aplicó una normativa distinta entre ambos.
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De acuerdo con una denuncia presentada por un alto funcionario de la ASF ante la Unidad de Evaluación y Control (UEC) en el primer trimestre de este año, ese doble rasero derivó de una decisión de “ayudar” al gobierno de Morelos, que el director general de Gasto Federalizado “D”, Aureliano Hernández Palacios Cardel, instruyó a los auditores de su área a cambio de una suma millonaria.
Esta denuncia, en poder de la Revista Proceso, detalla las “graves irregularidades y prácticas opacas” del área de la ASF a cargo de Emilio Barriga Delgado, el Auditor Especial de Gasto Federalizado, que tiene la misión esencial de vigilar cómo los gobiernos estatales y municipales gastan los recursos federales.
El denunciante, que prefiere reservar su identidad, ofrece otros nueve casos en los que el equipo de Barriga tomó acciones distintas por irregularidades idénticas –advierte que “no son los únicos ni los más relevantes”– y señala que el grupo de Barriga negocia con los gobiernos locales para realizar auditorías a modo, en las cuales las irregularidades millonarias no derivan en “pliegos de observaciones”.
Es común que los enlaces o personal de (los estados y municipios) envíen únicamente la información que les conviene, argumentando que ya se llegó a un acuerdo previo con el maestro Emilio Barriga, el maestro Aureliano Hernández o el licenciado David Isaac Ortiz (secretario técnico del área)”, deplora la persona denunciante. “Esta práctica obliga a los auditores a justificar montos millonarios sin contar con los elementos necesarios para respaldar dichas decisiones, lo que les coloca en un estado de total indefensión y vulnerabilidad.
Explica que cuando un auditor se opone a los resultados que se pretenden justificar es estigmatizado como “poco institucional” e, incluso, lo amenazan con despidos, “argumentando que él es el corrupto”.
El denunciante añadió a su escrito más señalamientos sobre la presunta corrupción –sin dar más detalles– y sobre la contratación de personas sin experiencia, pero con “conexiones personales”, quienes arman expedientes deficientes y obligan a los auditores a trabajar a marchas forzadas para corregirlos.
La sombra de Monreal
De acuerdo con el alto funcionario de la ASF, la denuncia fue recibida por la UEC, el cuerpo técnico de la Cámara de Diputados que supervisa al ente fiscalizador, pero enseguida fue archivada.
La denuncia presentaba 10 casos concretos en los cuales se tomaron acciones distintas por irregularidades idénticas, como producto de estas negociaciones. De acuerdo con información obtenida por Proceso, la UEC recibió una segunda denuncia dos meses después de la primera, de una funcionaria de la ASF que señaló “presuntas irregularidades consistentes en falta de transparencia, acuerdos indebidos, presión e intimidación del personal auditor y manejo discrecional de criterios de auditoría favorecimiento a entes auditados, deficiencias y riesgos institucionales”.
La Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica de la UEC, a cargo de José Manuel del Río Virgen –incondicional de Ricardo Monreal–, archivó el primer expediente por “ausencia de elementos”, y determinó el “no ejercicio de la investigación por falta de elementos” en la segunda, pues la funcionaria no acudió ante la UEC para ratificar su denuncia y aportar más elementos de prueba.
En Quintana Roo en los Ayuntamientos gobernados por morenistas, la ASF no solo no le audito millones de pesos entregados por el gobierno federal de la cuenta publica 2024, si no que convirtió millones de pesos en daños a la hacienda federal en solicitudes de aclaraciones.
A pesar de estos daños y de no auditar millones de pesos que se gastaron los presidentes municipales, los regidores de los ayuntamientos no han solicitado a las instancias correspondientes que se audite todos los recursos entregados.
Si la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no audita la totalidad de los recursos federales de un ayuntamiento o detecta recursos faltantes, puede interponer una denuncia y solicitar una ampliación de la revisión ante las siguientes instancias;
La Auditoria Superior de la federación.
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SFP);Para investigar presuntas responsabilidades administrativas y el mal uso de programas o recursos, puedes presentar una queja formal en la plataforma SIDEC
Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública
Y la Fiscalía General de la Republica.
A partir del 2026 , la Auditoría Superior de la Federación (ASF) esta obligada a recibir y actuar a partir de denuncias ciudadanas sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos federales de acuerdo al artículo 66 Bis . Esto luego de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que también obliga a la ASF para actuar de oficio para investigar faltas administrativas graves.
Parte de la información fue tomada de la Revista Proceso.
