Cancún, Quintana Roo, Abril de 2026.— Lo que debería ser un símbolo de amor y legalidad, se ha convertido en un jugoso negocio clandestino. Una presunta red de corrupción fue descubierta al interior del Registro Civil ubicado en la Región 237, donde, según denuncias, se estarían realizando matrimonios fraudulentos entre mujeres mexicanas y hombres extranjeros a cambio de dinero.
De acuerdo con información proporcionada a este medio, el esquema operaría de manera sistemática: dos mujeres, identificadas como Mayla Anahí Pool y María del Carmen Guzmán, serían las encargadas de reclutar a jóvenes solteras, ofreciéndoles la cantidad de $3 mil 500 pesos por contraer matrimonio con ciudadanos de nacionalidad cubana.
El trato, según señalan, sería claro: $2 mil pesos al momento de firmar el acta y el resto tras apoyar al extranjero en sus trámites migratorios. Sin embargo, detrás de este aparente “acuerdo”, se escondería una estructura mucho más grande.
Las acusaciones apuntan directamente a la jueza del Registro Civil, Rosa Laura Urzúa Bravo, quien presuntamente permitiría la realización de estos enlaces ilegales, facilitando la entrega de actas matrimoniales sin mayor cuestionamiento. Además, se menciona la participación de al menos dos trabajadores más —un hombre y una mujer— quienes serían los encargados de trasladar a los ciudadanos cubanos, asegurándose de que solo lleguen a firmar y se retiren inmediatamente, evitando cualquier tipo de interacción con la supuesta pareja.
Pero el escándalo no termina ahí. Fuentes aseguran que el dinero recaudado sería canalizado hacia niveles más altos, señalando directamente al director del Registro Civil de Cancún, Eduardo Kuyoc Rodríguez, quien presuntamente entregaría parte de las ganancias al secretario y actual candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, Pablo Gutiérrez Fernández .
Este caso ha generado indignación y preocupación entre la ciudadanía, al evidenciar posibles actos de corrupción que no solo vulneran la ley, sino que convierten el matrimonio en una simple transacción económica de parte del Ayuntamiento de Benito Juárez.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido una postura oficial ni mucho meno la alcaldesa morenista Ana Patricia Peralta de la Peña, mientras crece el clamor social para que se investigue a fondo y se sancione a los responsables de este escándalo que pone en jaque la credibilidad de las instituciones.
Información de Red M.I.
