Caso “Puerto Juárez” sigue entre el tráfico de influencias y la impunidad
El tráfico de influencias, el poder político y económico sobre el personal del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, la ambición de una familia por quedarse con una concesión federal que por años ha sido el sostén de decenas de familias, es lo que sigue caracterizando al caso “Puerto Juárez”, en donde familias de pescadores están en la incertidumbre económica porque la familia de la presidenta municipal de Cancún, Ana Patricia Peralta de la Peña, aspirante al gobierno del estado, sigue en su intento de quedarse con una concesión federal, aprovechando un error de la burocracia de la Semarnat.
Desde juzgados de control del Poder Judicial de Quintana Roo, de manera ilegal se sigue prorrogando, por irregularidades en el debido proceso legal, el aseguramiento por la Fiscalía de Quintana Roo a un predio que se encuentra dentro de una concesión federal otorgada a un grupo de pescadores, a petición de la empresa que pertenece a Ana Patricia de la Peña Sánchez, mamá de la presidenta municipal, la cual alega que ese predio les pertenece luego de que se les otorgó una concesión federal, incluyendo esa superficie que ya estaba concesionado al grupo de pescadores, por lo que de concesionarios pasaron a ser investigados.
La jueza del caso prorrogó indebidamente el aseguramiento (acto de molestia grave) si haber escuchado a los investigados y por ende sin cumplir con el principio de contradicción que exige el procedimiento penal acusatorio y oral.
La solicitud que hace la asesoría jurídica de la empresa ONL de la familia de la Peña y la resolución de fecha 6 de marzo de 2026 que, sin más, gratuitamente les concede la prórroga del aseguramiento por 40 días más, sin haber dado oportunidad a los pescadores de controvertir la petición de la denunciante.
La Jueza de Control, Teresa Isabel López Aguilar, al servicio de la poderosa familia de la Peña, ordenó prorrogar el aseguramiento del predio donde se encuentra un restaurante que desde hace años es el sustento decenas de familias de pescadores. El Presidente del TSJQR o dio la orden o no sabe lo que están haciendo los jueces de control.
La referida resolución judicial del 6 de marzo, no se notificó en tiempo y forma a los investigados. Se les ocultó porque no se había agregado a la carpeta judicial auxiliar 48/2025, lo que se hizo varios días después lo que demuestra que la citada carpeta auxiliar está siendo manipulada.
Entre los responsables directos de esta anomalía se encuentran el presidente del Tribunal Superior de Justicia, así como la Jueza de Control y la Oficina de Gestión Judicial de los Juzgados de Control, quien se han evidenciado que no lleva un manejo limpio de la carpeta auxiliar ni ordena que se practiquen las notificaciones a los interesados, conforme a derecho. Ni al correo de la defensa de los pescadores se envió la notificación de la ilegal prorroga del aseguramiento.
El abogado defensor de la cooperativa de pescadores denuncia que cada semana que va a la Fiscalía a solicitar audiencia con el Fiscal Especializado de Delitos Patrimoniales, el licenciado en Derecho, Guillermo Domínguez, les informa que “ya esta semana se resuelve”, ahora que la siguiente y “ayer, con cara de hartazgo que la están trabajando y que ya cuando se resuelva nos notifican, pero ya ni nos dicen para cuando se va a resolver, como diciendo, ya ni vengas y espera, a ver cuánto tiempo, a que se nos antoje resolver”.
El predio del restaurante sigue asegurado ilegalmente con una prórroga que se solicitó cuando ya había vencido el último plazo otorgado, circunstancia legal que la misma jueza sabe que un plazo vencido no se puede prorrogar.
40 días hábiles más, solo prolongan las molestias a la sociedad cooperativa investigada y viola el principio procesal de mínima intervención. El aseguramiento original se dictó por seis meses, el 30 de abril del año pasado y ahora con la ilegal prórroga se va a más de año.
No obstante la prórroga que ilegalmente otorgó la Jueza de Control, controlada por la familia de la Peña, es importante destacar que el MP no está obligado a tomar a piejuntillas ese plazo.
Desde luego, puede resolver ya, porque tiene todos los elementos necesarios para evidenciar que no hay delito y que los hechos denunciados están prescritos y por ende puede dicta el No Ejercicio de la Acción Penal y liberar el predio asegurado. La prórroga indebida es opcional para la autoridad investigadora, pues en cualquier momento puede resolver.
Sin embargo, las presiones de la familia de la presidenta municipal de Cancún, Ana Paty Peralta aspirante a la gubernatura, impiden que desde el Poder Judicial se actúe con pulcritud judicial.
Por Graciela Machuca Martínez.
