¡MAFIA VERDE LLEGÓ AL SEBIEN PARA SAQUEARLO!

En septiembre de 2022 la Gobernadora de Quintana Roo María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, mejo conocida como “Mara Lezama” nombra como titular de la Secretaría del Bienestar a Luis Pablo Bustamante Beltrán señalado desde el 2021 por participar en una RED DE DESPOJOS INMOBILIARIOS mediante juicios amañados en Quintana Roo, así lo reveló Latinus.

Redacción; Información S/Limite Quintana-Roo  02/04/2026 (primera parte de cuatro)

Tan pronto tomo el cargó en el SEBIEN Pablo Bustamante Beltrán saco las uñas entregando contratos amañados por adjudicación directa, ocultan los hipervínculos de seis contratos en la plataforma de transparencia que suman un total de $24 millones 075 mil 093 pesos, estos actos fueron solapados por el Instituto de Transparencia del estado de Quintana Roo a cargo de la priista Eugenia Lozano Ocman que saqueo las arcas del poder judicial en total IMPUNIDAD, a pesar de tener ese negro historial fue impuesta por el partido verde y morena.

Estos son los contratistas que les dio obra el SEBIEN con hipervínculos y expedientes extraviados, mejor dicho ocultados por las IRREGULARIDADES, todos para la construcción de pisos;

🛑 Marife Paredes Ochoa $4 millones 199 mil 146 pesos para Felipe Carrillo Puerto .

🛑 Construcciones Dalbah $4 millones 233 mil191 pesos para FCP y Tulum, está empresa con un negro historial de corrupción.

🛑 Codeqroo S.A de C.V creada en el municipio Chilpancingo de bravo, en guerrero, $4 millones 093 mil 709 pesos para Lázaro Cárdenas y Tulum.

🛑Grupo Yam Constructores $3 millones 688 mil 931 pesos (gracias a los diputados de morena está empresa se fue con más de un millón de pesos en el contrato de la cafetería del poder Legislativo) para el municipio de Isla Mujeres y Playa del Carmen .

🛑 Construcciónes GROQROO S.A de C.V $3 millones 917 mil 906 pesos destinado para las viviendas más humildes de Cozumel.

Y por último los $3 millones 942 mil 208 pesos entregados a Glenda Guadalupe López Zamora para la construcción de piso firme en viviendas del municipio en Othón P Blanco y Bacalar.

Sin embargo en la SEBIEN no hay ni huellas de los contratos, ni expedientes donde compruebe el número de beneficiarios, ni mucho menos lo invertido por cada familia, un verdadero insulto lucrar con la población de bajo recursos y todo esto fue permitido por un gobierno que se cree Humanista Con Corazón Feminista.

Con esas cartas de presentación Luis Pablo Bustamante quiere ser candidato de Morena para la presidencia municipal de Cancún.

Pablo Bustamante siempre ha estado en el ojo del huracán, al estar relacionado con un par de escándalos públicos según cambió 22, como no el de la mujer de la tercera edad que fue golpeada al parecer por amigos de Pablo Bustamante.

De acuerdo con las publicaciones, Yuliana Morales Gándara y un sujeto extranjero de nombre Annis Joshua C., insultaron y golpearon a una señora de 74 años de edad enviándola al hospital y aunque los agresores fueron detenidos, quedaron en libertad por las supuestas influencias del secretario de Secretario del Bienestar de Quintana Roo.

En la ciudad de Tulum, Pablo y sus amigos se fueron al Club de Playa “Papaya Projec”, donde fue señalado de no querer pagar una cuenta de alrededor de $140 mil pesos.

A Pablo Bustamante Beltrán también se le relaciona también con el “Cártel del despojo” por lo que la Fiscalía Anticorrupción inició en el año 2021 una carpeta de investigación sobre el caso y en los que se involucra a un grupo de servidores públicos a quienes se les acusa de apoderarse de lujosas propiedades mediante juicios laborales simulados, sin embargo esta carpeta fue detenida tan pronto tomo el mando Morena en el estado.

En abril del 2021, en el programa de Loret Capítulo 40 de Latinus se presentó el reportaje El Cártel del Despojo, en el que se describe cómo el entonces dirigente estatal de Quintana Roo del Partido Verde, Pablo Bustamante, junto con otras tres personas, pretendieron ser trabajadores de una empresa de tiempos compartidos, propiedad de la madre del exdiputado local Gustavo Miranda —su amigo y compañero de partido— para demandarla ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Cozumel por despido injustificado el 27 de julio de 2015.

Teresa de Jesús Ku Pat, integrante de la Junta de Conciliación, les dio la razón a Bustamante y al resto de los involucrados.

Determinó que la empresaria debía indemnizarlos con una cifra conjunta alrededor de los $10 millones de pesos.

El secretario del bienestar y los otros tres quejosos, pidieron como pago un departamento ubicado en la torre condominal Maioris Towers, en Cancún, —que tenía un valor aproximado de $13 millones sin que la empresaria defendiera su propiedad.

Posteriormente, el banco Sabadell se dio cuenta de la falta de pago del crédito solicitada por la empresaria y un representante de la entidad acudió al registro público de la Propiedad y del Comercio en quintana Roo y se dio cuenta de que el inmueble ya estaba registrado a nombre de Pablo Bustamante y de los otros tres particulares, quienes vendieron posteriormente el condominio.

Bustamante y los otros tres involucrados también ganaron otras dos demandas a la empresaria, por parte de más empleados, quienes le reclaman otras propiedades millonarias sacadas con créditos bancarios.

Dos días después de la publicación del reportaje de Latinus, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (FECCQROO) anunció la apertura de la carpeta de investigación, aunque descaradamente no incluyeron al flamante Secretario del Bienestar de Mara Lezama, Luis Pablo Bustamante.

“Los datos aportados públicamente han sido suficientes para girar las instrucciones necesarias y así establecer las posibles líneas de investigación. 

Con base a esto se realizarán todos los actos tendientes para el esclarecimiento del caso”, añadió en otra parte de su comunicado la fiscalía anticorrupción cuando abrió la carpeta de investigación.

Los Detalles de Porqué Pablo Bustamante es Acusado de Corrupto y Despojador.

Latinus, fue el medio que tras una investigación puso el dedo en la llaga, un entramado que se dedica al despojo mediante juicios laborales falsos, incluye a familiares, amigos, funcionarios y hasta un notario público. Latinus denunció y el escándalo y salpicó a las más altas esferas del Partido Verde Ecologista de Quintana Roo.

El 18 de abril de 2015, Bustamante Beltrán y tres personas más se presentaron ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Cozumel, para demandar por la vía laboral a Erika Luz García Deister, “empresaria de Cancún y socialité”.

Bustamante Beltrán con José Luis Gómez Sosa, Carlos Ismael Adrián Albornoz y Marcela Bañuelos Cobos, argumentaron ser trabajadores de García Deister en García y Miranda Trading, S.A. de C.V., una empresa dedicada a la venta de tiempos compartidos.

Los cuatro declararon que fueron contratados con un sueldo de 90 mil pesos mensuales por vender tiempos compartidos y que fueron despedidos el 27 de julio de 2015 porque García Deister estaba inconforme por el bajo rendimiento en las ventas.

Entre sus demandas, exigieron:

Indemnización

Pago de vacaciones

Salarios caídos

Reparto de Utilidades

Primas de antigüedad

Horas extras laborales

Aguinaldos

Ninguno de los demandantes presentó su contrato y aún así, la presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Teresa de Jesús Ku Pat, les dio la razón, determinó que Erika García debía pagarles todos los reclamos, un total de de más de 10 millones de pesos.

En el juicio laboral les preguntaron con qué querían cobrarse y decidieron que fuera con un departamento ubicado en Maioris Tower, complejo residencial ubicado en la zona hotelera de Cancún.

El departamento tenía un valor de 13 millones de pesos, cantidad superior a lo que Erika les adeudaba a los empleados con sueldos de 90 mil pesos mensuales, que la autoridad nunca les pidió comprobar.

El banco español Sabadell se dio cuenta de la falta de pago del crédito de departamento de Maioris Tower y acudió al Registro Público de la Propiedad y del Comercio para registrar el aviso de que el inmueble estaba gravado.

La sorpresa para el bando fue que el departamento ya no le pertenecía a Erika sino a sus supuestos trabajadores, entre ellos Bustamante Beltrán.

Latinus cita en su investigación la complicidad entre: Junta Laboral, Registro Público de la Propiedad y del Comercio, La empleadora y los supuestos empleados

La estrategia de este cártel del despojo no se queda en este caso. Latinus hizo la revisión en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Quintana Roo, encontró al menos otros dos juicios laborales idénticos en los que otros presuntos trabajadores también demandaron a Erika García Deister y se hicieron de propiedades que ella obtuvo con créditos.

Entre esos supuestos empleados, se encuentra Jorge Segura Rodríguez, amigo del ex diputado Gustavo Miranda (quien busca la gobernatura de Quintana Roo); igual que otros empleados, argumentó en su demanda ganar $90 mil pesos.

“La impunidad es tal, que la Junta de Conciliación y Arbitraje que dependen del Poder Ejecutivo, es decir del gobernador, resolvió esos otros dos juicios en cuestión de dos meses, y el Registro Público, otro organismo del Gobierno del Estado, inscribió las propiedades a favor de los trabajadores el mismo día y con minutos de diferencia”, denunció Latinus.

A la ecuación de estas complicidades de suma el notario Jorge Jaime Cruz Hernández, titular de la notaría 84 en Playa del Carmen, quien avalo esta serie de movimientos.

“Antes de recibir el regalazo que implica una notaria, fue nada más y nada menos el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en la época de (Roberto) Borge, cuando lo acusaron de participar en varios despojos en el área de Tulum”, citó Latinus.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Quintana Roo inició una carpeta de investigación a raíz de la investigación periodística de Latinus, para indagar a:

Servidores públicos de Registro Público de la Propiedad

Militantes del PVEM Quintana Roo

Una empresaria

Un notario público

Hoy el militante del PVEM Luis Pablo Bustamante, así como otros involucrados están protegidos por el gobierno de Mara Lezama y los expedientes reposan en la impunidad.

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