Cancún, Quintana Roo, 09/03/2026; En el marco de los festejos del Día Internacional de la Mujer, fue el escaparate para exhibir a unos de los funcionarios más corruptos y prepotentes en la administración municipal de Cancún; en contraste su discurso se llena de retórica sobre la igualdad de las mujeres y la lucha de las mujeres, pero la realidad es que desde las oficinas del Ayuntamiento de Benito Juárez esconden una realidad podrida: la violencia contra las mujeres no solo viene de fuera, se ejerce desde la silla del poder, desde la Secretaría del Ayuntamiento a cargo de Pablo Gutiérrez Fernández.
Según la denuncia interpuesta por la funcionaria A. J. I. ante la CDHEQROO (Expediente VG/BJ/077/02/2026) no es solo un trámite administrativo; es el retrato de un sistema diseñado para aplastar a quien se atreva a alzar la voz.
El caso de A. J. I. revela un patrón sistemático de hostigamiento que evidencia la falta de ética funcionario fantoche que diariamente se disfraza para ‘atender un llamado de la ciudadanía’, lo mismo es bombero, tránsito, rescatista, médico, veterinario y hasta aplica vacunas a domicilio por tal ser nominado candidato de Morena a la presidencia municipal, cuanto es vox populi que sirve a intereses de «La Mafia Verde» que comanda en el estado, el diputado de la XVIII Legislatura Renán Eduardo Sánchez Tajonar.
La denuncia interpuesta por la agraviada refiere que tras sufrir un robo violento en su hogar en 2025 —donde sustrajeron documentos oficiales—, las autoridades ignoraron las alertas de riesgo. No hubo protocolos ni protección; solo un silencio cómplice que dejó a la funcionaria a merced de sus agresores.
Asegura que se orquestó una campaña de difamación digital con información falsa para destruir su reputación profesional, una táctica baja utilizada para invalidar a la víctima antes de que pudiera defenderse.
Con medios afines, el ayuntamiento de Benito Juárez no solo ha difamado a funcionarios que alzan la voz, si no a quien se atreva a denunciarlos gastando recursos provenientes de los impuestos de los Cancunenses, esos ataques sin documentos de pruebas también llegan a la cúpula morenista usurpando paginas oficiales de ayuntamientos para atacar cometiendo un delito.
La ofendida fue relevada de su cargo sin justificación legal ni procedimiento administrativo, una maniobra clásica de revictimización que busca asfixiar a quien denuncia, práctica constante de Gutiérrez Fernández. La función de un Secretario General es garantizar el orden y la legalidad. Sin embargo, los señalamientos contra Gutiérrez Fernández sugieren un ejercicio del poder violento y misógino.
Se le acusa de utilizar la atención a víctimas de violencia de género como un botín político y propagandístico, ya que el funcionario no solo habría mostrado desdén por la integridad de las mujeres, sino que adoptó posturas de burla y cinismo ante temas de violencia de género.
La queja ya está en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Esto ya no es un «asunto interno» que el Ayuntamiento pueda barrer bajo el tapete. Es una prueba de fuego para las autoridades: o protegen a la víctima, o confirman que el pacto de impunidad entre funcionarios es más fuerte que la ley.
En este Día Internacional de la Mujer, la denuncia de A. J. I. fue un grito de justicia que pone en evidencia la hipocresía de quienes portan el lazo morado mientras, en la práctica, ejercen el poder para violentar, silenciar y perseguir.
A. J. I, funcionaria del municipio de Benito Juárez, ha denunciado una serie de violaciones a sus derechos humanos, que incluyen violencia institucional, mediática, digital y laboral. En su queja, registrada bajo el expediente VG/BJ/077/02/2026, señala como responsables al Secretario General del Ayuntamiento de Benito Juárez, Pablo Gutiérrez Fernández y a otros funcionarios.
Estos comportamientos, según la quejosa, reflejan una falta de sensibilidad institucional y representan un riesgo para las mujeres que buscan apoyo y justicia en el ámbito municipal.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, este caso nos recuerda la importancia de seguir luchando por un entorno libre de violencia y discriminación para todas las mujeres, especialmente aquellas que desempeñan funciones públicas y trabajan en la defensa de los derechos humanos.
La denuncia de A. J. I, no solo busca justicia para su caso, sino también visibilizar las prácticas institucionales que perpetúan la violencia de género y la revictimización. Con información de PoderyCritica.
