Rafael Marín Mollinedo investigado por agencias norteamericanas.
Blindarse con una posible candidatura no lo excluye que lo alcance la ley norteamericana, por narcotráfico y huachicol.
“Puertos de hierro y sombras más densas”
La verdad cruda de un sistema portuario bajo presión entre comercio global, crimen organizado y fallas estructurales
Por Alfredo Griz, despacho 14,El violento oficio de escribir.
Para entender la complejidad de la Administración Portuaria Integral (API) en México y la Agencia Nacional Aduanal de México —y su colisión con redes criminales que explotan fisuras institucionales— hay que mirar más allá de comunicados oficiales, hacia los hechos, las cifras duros y los patrones que se repiten en los puertos más dinámicos del país.
Qué es y quién manda realmente en los puertos
Las API eran, originalmente, organismos encargados de administrar y operar puertos mexicanos bajo concesión, con funciones de operación logística, comercial e infraestructura. Aunque conservan su figura legal, desde 2021 la Secretaría de Marina (SEMAR) asumió el control de facto del Sistema Portuario Nacional y de las funciones de autoridad portuaria, convirtiéndose en el eje operativo y de seguridad de los puertos más relevantes del país.
Hoy no existe un solo “titular nacional API” con poder autónomo; la estructura está subordinada a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y a la SEMAR, cuyo titular desde octubre de 2024 es el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.
Este realineamiento de poder —vendido como “fortalecimiento de seguridad”— ha transformado a las API en entidades bajo mando naval, con control de aduanas estratégicas y supervisión directa del tráfico marítimo internacional.
Y su contraparte o su parte antagónica a cargo del ahora investigado Rafael Marín Mollinedo, la ANAM, una agencia que se sacó de la manga el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y cuya única función ha sido la de vigilar la venta ilegal de hidrocarburos así como los embarques de diversas drogas que desde puertos mexicanos son trasegadas hacia la unión americana y Europa, sin dejar a un lado la llegada de precursores químicos, para la maquila de fentanilo y otras drogas sintéticas procedentes de China.
Estas dos agencias estatales, han sido pieza clave para el narcotráfico y el crimen organizado, ha sido evidente que desde el interior de ambas se opera y trabaja para los varones de la droga, por lo cual desde hace dos años la DEA y otras agencias americanas, ha abierto investigaciones sobre los responsables de ambas para estatales, mismas que han arrojado diversos operativos y el decomiso de miles de sustancias y de millones de litros de combustible robado.
El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, sabe de esto, y al interior de Secretaria de Marina han bajado el perfil por las presiones del Gobierno de Donald Trump, sin embargo en el caso de Rafael Marín Mollinedo, no ha sido así, se placea por CDMX y Quintana Roo, promoviendo su candidatura a ese Estado, candidatura que se antoja más un regalo o el pago de una factura política más que por lealtad, por complicidad, Marín Mollinedo que aspira a dirigir un estado con serios problemas de crimen organizado, corrupción y narcotráfico, no ha entendido del todo que su nombre está en la lista de funcionarios investigados por la DEA en los Estados Unidos, investigación que sigue su curso y que lo involucra en actividades como narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos, al parecer no le ha quedado claro ni el mensaje ni el alcance del presidente de los Estados Unidos de Norte América, respecto al narcoterrorismo y las actividades que lo alienten.
Mientras este oscuro personaje de la política y ligado a la corrupción se placea sintiéndose ya Gobernador de Quintana Roo, el narcotráfico que alienta y protege se apodero ya a través de la ANAM que el dirige y de la API que dirige la SEMAR, de todos los puertos mexicanos, es decir, operan y trabajan para el NARCOTRAFICO.
El narcotráfico en los puertos: cifras y dinámicas que hablan por sí solas
La realidad es aún más cruda: puertos como Manzanillo y Veracruz —estructuralmente diseñados para combinar tráfico marítimo legal y “omisiones de control”— no han podido erradicar la penetración de redes de narcotráfico que explotan rutas de contenedores para ocultar drogas y químicos.
Huachicol fiscal: la otra epidemia en los puertos
Si el tráfico de drogas es la “narcoeconomía de sangre”, el huachicol fiscal —el contrabando de combustibles con documentación falsa para evadir impuestos— es la narcoeconomía de la corrupción aduanera:
• Entre el 1º de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2025, el gobierno mexicano detectó 2,937 intentos de huachicol fiscal en aduanas, es decir, más de 11 casos diarios de contrabando sofisticado.
• Un caso emblemático fue el del buque Challenge Procyon, que llegó al puerto de Tampico con más de 20 millones de litros de combustible ilegal clasificado falsamente como “aditivos” para evadir impuestos. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que la carga real era huachicol fiscal por valor de cientos de millones de pesos.
• Operaciones conjuntas en Ensenada y Altamira en marzo de 2025 aseguraron más de 18 millones de litros de hidrocarburos importados de manera irregular, exponiendo redes criminales con documentación aduanera manipulada, empresas fachada y protección interna en las aduanas portuarias.
Investigaciones periodísticas y fiscales señalan que al menos ocho puertos mexicanos y más de 500 empresas han estado implicados en mecanismos de huachicol fiscal, con la participación de altos mandos navales en prisión y miles de millones de pesos en juego.
Este no es un problema menor: el huachicol fiscal representa una evasión tributaria anual estimada en miles de millones de pesos, drenando recursos públicos vitales.
Corrupción interna, fallas institucionales y omisiones
Los puertos son puntos críticos donde la corrupción institucional puede multiplicar las ganancias de redes criminales. Ejemplos recientes que ilustran la magnitud del problema:
• En septiembre de 2025, un exdirector de Administración y Finanzas del Sistema Portuario Nacional en Tampico fue detenido por su presunto papel en la importación ilegal de combustible, en asociación con operadores de huachicol fiscal.
• Documentos oficiales revelan que, en uno de los mayores decomisos de huachicol descritos por las autoridades, la mitad del combustible asegurado “desapareció” de los informes públicos, generando preguntas sobre integridad en la cadena de custodia y transparencia.
• En aduanas del norte del país se han registrado más de 66 incidencias de huachicol fiscal, reflejando la penetración de esquemas de fraude masivo a través de documentación aduanera.
Estas cifras reflejan una estructura de control aduanero y portuario que, a pesar de reformas y esfuerzos de militarización, continúa siendo vulnerada por redes que mezclan narcotráfico, evasión fiscal y contrabando.
Qué investigan EE. UU. y agencias internacionales
Aunque no existen acusaciones públicas recientes (2024-2026) documentadas por la DEA o el FBI que nombren directamente a las API como instituciones criminales, las agencias sí siguen rutas de dinero y precursores vinculados a puertos mexicanos:
• En contextos previos, la **Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a empresas y personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación que utilizaban rutas aduaneras y puertos para tráfico de hidrocarburos ilegal y lavado de dinero, incluyendo indicios de infraestructura portuaria.
• Programas internacionales como el Container Control Programme, impulsado junto con la ONU y la Organización Mundial de Aduanas, han reportado decomisos de drogas sintéticas y precursores en puertos como Manzanillo, mostrando que las rutas marítimas siguen siendo utilizadas por redes transnacionales.
Esto evidencia que, aunque las API y la ANAM como tal no están judicializadas por narcotráfico en tribunales internacionales, su ecosistema operativo sigue siendo un espacio donde el crimen organizado encuentra puntos críticos para infiltrar y desviar mercancías ilícitas.
Conclusiones: la encrucijada del sistema portuario mexicano
Los puertos mexicanos cumplen una función estratégica en el comercio global, pero también están atrapados en una tormenta perfecta: altos volúmenes comerciales + insuficiente control aduanero + corrupción institucional + actores criminales sofisticados.
Los hechos son innegables:
• Miles de kilogramos de drogas sintéticas y precursores han sido asegurados en puertos con participación de autoridades federales.
• Millones de litros de combustible ilegal han transitado por infraestructuras portuarias con documentación fraudulenta.
• Decenas de investigaciones fiscales y penales están abiertas por huachicol fiscal y tráfico de hidrocarburos bajo la ley mexicana, algunas vinculando empresarios, aduanales y funcionarios portuarios.
La narrativa oficial de control presupone que la militarización y la intervención naval son la solución definitiva. Sin embargo, el volumen mismo del comercio marítimo y la sofisticación del crimen organizado ponen en evidencia que el desafío real es institucional: transparencia de procesos, supervisión aduanera efectiva y rendición de cuentas en cada eslabón de la cadena portuaria.
Hasta que esto no ocurra, los puertos seguirán siendo corredores tanto de mercancías legítimas como de estructuras ilícitas que explotan cada grieta del sistema para maximizar ganancias ilegales.
El gobierno federal busca proteger al ex director del Tren Interoceánico Rafael Marín Mollinedo por las irregularidades en la compra de balasto adquiridas a sus socios de Andy López Beltrán, Amílcar Olan que cobraron la vida de 14 personas en el descarrilamiento en diciembre de 2025.
