Cancún, Quintana Roo. 22/01/2026– El crimen organizado opera sin máscaras y sin freno en Cancún y todo gracias a la alcaldesa morenista Ana Patricia Peralta de la Peña y a su secretario general Pablo Gutiérrez Fernández quienes andas mas preocupados, la primera por ser gobernadora del estado de Quintana Roo y el segundo con ser presidente municipal del ayuntamiento Benito Juarense.
La extorsión desde el 2019 se ha convertido en una pesadilla diaria para los negocios establecidos, que hoy trabajan bajo amenazas directas, presión constante y el riesgo real de ser atacados si no obedecen.
Los extorsionadores exigen el pago obligatorio de “derecho de piso”, con cuotas que van de los 10 mil a los 100 mil pesos mensuales, además de imponer la venta forzada de sustancias ilícitas dentro de los establecimientos, convirtiendo a los comerciantes en rehenes del miedo.
El más reciente caso se registró en el bar “Las Muñecas de Choqui”, ubicado en la región 230, sobre la avenida Leona Vicario, donde los responsables del lugar comenzaron a recibir amenazas mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, un método ya común entre estos grupos criminales para sembrar terror y controlar a sus víctimas.
La intimidación escaló a un nivel alarmante cuando en el sitio fue localizada una botella con gasolina y un mechero en su interior, lo que todo indica se trataba de una bomba molotov lista para ser utilizada. Aunque el artefacto no fue activado, el mensaje fue claro: pagar o enfrentar las consecuencias.
La situación en Cancún se agrava día tras día, dejando en evidencia una ciudad donde el miedo avanza más rápido que la seguridad pero eso no le importa a su presidenta municipal, títere del Niño Verde pero vestida de Guinda Ana Paty Peralta.
Comerciantes, empleados y clientes quedan atrapados en una realidad marcada por la violencia, mientras la extorsión se normaliza como parte del paisaje urbano.
Hoy, Cancún no solo enfrenta una crisis de seguridad, sino una amenaza directa a su economía y a la tranquilidad de quienes intentan trabajar honestamente, exigiendo respuestas inmediatas y contundentes antes de que el terror siga cobrando más víctimas.
Pero estas culpa es compartida con el gobierno federal y estatal que han permitido estas atrocidades contra las familias quintanarroenses.
En Quintana Roo el derecho de piso, la extorsión, la inseguridad, aunado con el alza de impuestos ocasiono que en el estado mas de tres mil empresas bajaran sus cortinas tan solo en 2025.
