Isla Mujeres, Quintana Roo 20/01/2026
Ni los reconocimientos oficiales ni los discursos de un gobierno que se autodenomina humanista y feminista han sido suficientes para ocultar las graves denuncias que pesan sobre la Policía Municipal de la alcaldesa de Isla Mujeres Teresa Atenea Gómez Ricalde, particularmente en la Zona Continental, donde ciudadanos acusan constantemente abusos policiacos, extorsión, violencia contra mujeres y actos de discriminación hacia la comunidad LGBT+.
Uno de los nombres que hoy vuelve al centro de la polémica es el del supervisor Luis Alberto Huichalcoa Díaz, recientemente reconocido por la presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde, pese a que existen señalamientos previos en su contra por presuntos actos de extorsión y, ahora, por tortura, de acuerdo con una denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Detención arbitraria y presunta extorsión
De acuerdo con el testimonio de las víctimas, los hechos ocurrieron alrededor de las 2:00 de la madrugada del 11 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, cuando una ciudadana circulaba en motocicleta sobre la avenida principal de la Zona Continental, de regreso a su domicilio, acompañada por su esposa.
Ambas relatan que observaron cómo elementos de la Policía Municipal detuvieron previamente a otro motociclista que no portaba placas ni luces, quien presuntamente fue dejado en libertad tras entregar una dádiva económica. Minutos después, al no contar con dinero para entregar, la ciudadana comenzó a ser objeto de insultos y agresiones verbales por parte de los policías, cabe mencionar que no es la primera vez que ha sido evidenciado la policía municipal de Atenea por ser violento y por presunta extorsión.
La situación se agravó cuando su esposa descendió del vehículo para preguntar el motivo de la detención. Según la denuncia, los elementos se dirigieron a ella con comentarios ofensivos y discriminatorios, haciendo alusiones denigrantes a su orientación sexual.
Golpes, detención y presunta tortura.
Al reiterar que no contaban con dinero, la ciudadana fue subida a una patrulla, donde asegura que fue golpeada brutalmente, señalando directamente al supervisor Luis Alberto Huichalcoa Díaz como uno de los principales agresores.
Posteriormente, fue trasladada a los patios de Seguridad Pública en la Zona Continental, donde —según su testimonio— las agresiones continuaron. Mientras tanto, su esposa realizó gestiones para conocer su situación legal, encontrándose con dilaciones, irregularidades y acusaciones presuntamente fabricadas, entre ellas la de haber agredido a los policías, hechos que ambas niegan categóricamente.
Las denunciantes también reportaron la desaparición temporal de la motocicleta, la cual reapareció únicamente después de que el caso se hiciera público en redes y se acreditara la legalidad del vehículo ante la autoridad correspondiente.
Impunidad y temor por su vida
Actualmente, los policías involucrados enfrentan una denuncia por tortura ante la FGE; sin embargo, las víctimas aseguran que no existen avances sustanciales en la investigación, presuntamente porque también estarían involucrados elementos ministeriales, lo que ha generado un clima de impunidad, algo muy común lamentablemente en el estado de Quintana Roo.
Además, denuncian que mandos de la corporación policial tendrían presuntos vínculos con el crimen organizado, lo que —afirman— explicaría la reiteración de abusos y la falta de consecuencias legales.
Las afectadas aseguran temer por su vida tras hacer públicos los hechos y lamentan que, hasta el momento, ni la presidenta municipal que sabemos como se la gasta Atenea Gómez Ricalde ni la gobernadora del estad, quien ha reiterado encabezar un gobierno feminista y humanista— se hayan pronunciado o tomado acciones concretas.
“No solo somos parte de la comunidad LGBT+, también somos mujeres y merecemos respeto”, denunciaron, señalando que incluso se les dijo que “personas como ellas no deberían existir”.
El reciente reconocimiento otorgado al supervisor Huichalcoa Díaz por parte del Ayuntamiento ha sido interpretado por colectivos y ciudadanos como un intento de blindaje político, insuficiente para borrar los señalamientos que arrastra de corrupción y abusos de poder o para silenciar a las víctimas.
Mientras tanto, en la Zona Continental de Isla Mujeres crece la percepción de que la Policía Municipal opera sin control, sin sanciones y violando los derechos humanos, bajo la complacencia o el silencio de quienes gobiernan.
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