La Suprema Corte decidió mantener la protección a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, frenando indefinidamente tanto un juicio de revocación de mandato como una auditoría por el presunto manejo irregular de 898 millones de pesos en recursos federales.
Mientras el Congreso de Guerrero y la Auditoría Superior del Estado intentaban avanzar en las investigaciones, la SCJN cerró la puerta y confirmó las suspensiones que la mantienen a salvo desde hace más de siete meses. Todo quedará en pausa hasta nuevo aviso.
La decisión, tomada por unanimidad, vuelve a encender el debate: ¿protección constitucional legítima o blindaje político frente a señalamientos millonarios? En Acapulco, las dudas crecen y la rendición de cuentas sigue esperando.
Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la mano de Hugo Aguilar Ortiz, confirmó este miércoles las medidas cautelares otorgadas a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, que desde hace siete meses la protegen, de manera indefinida, de un juicio de revocación de mandato y de una auditoría por el presunto manejo irregular de 898 millones de pesos en recursos federales.
Las suspensiones fueron concedidas en junio del año pasado por la ministra, Yasmín Esquivel Mossa y permanecerán vigentes hasta que el pleno resuelva las controversias constitucionales promovidas por la edil contra las acciones impulsadas por el Congreso de Guerrero y la Auditoría Superior del Estado (ASE).
La alcaldesa promovió las controversias para que se vea la transa de 898 millones de pesos en contra de los acapulqueños, a través del síndico municipal, Miguel Jaimes Ramos, para frenar un posible proceso de revocación de mandato y los requerimientos de información formulados por la auditoría local sobre la fiscalización de la Cuenta Pública 2023, en particular respecto al uso de recursos federales del Ramo 33 y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).
