Dinero para hospitales, escuelas y obra pública se esfumó. Hoy aparece en observaciones, denuncias penales del OSFE y ASF, sin resolver
13/01/2026
Hubo un año en Tabasco en que desapareció más dinero del que se invirtió. No fue una metáfora ni una exageración de la oposición. Fue 2018, el último año de Arturo Núñez Jiménez, cuando las auditorías local y federal terminaron documentando un hoyo de 27 mil 566 millones de pesos sin certeza clara de aplicación, más de la mitad del presupuesto estatal de ese año.
Los números no salieron de una columna de opinión ni de un informe militante. Están en los dictámenes del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) y en los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El OSFE cerró la cuenta pública de 2018 con miles de millones observados; la ASF, desde la Ciudad de México, sumó otras cifras todavía más altas. Juntos, dejaron constancia de que el último año del nuñismo fue también el más caro y el peor explicado.
RECURSOS SIN COMPROBAR
Mientras el gobierno entregaba spots de despedida y hablaba de fin de sexenio, las auditorías llenaban páginas con términos que en el papel son fríos, pero que en la práctica significan otra cosa: Recursos ejercidos sin comprobar, pagos sin soporte suficiente, contratos sin evidencia de cumplimiento, fondos federales aplicados en forma distinta a la normatividad. En los archivos se repite una frase que la ASF ha utilizado durante años: “Se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal”.
El saldo no quedó ahí. Entre 2017 y 2024, sumando lo que observaron el OSFE y la ASF, los gobiernos de Núñez, Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos acumularon irregularidades por más de 32 mil millones de pesos.
Es dinero que debió estar en hospitales, escuelas, obra pública y servicios básicos, y que hoy aparece en otra parte: en pliegos de observaciones, promociones de responsabilidad administrativa, denuncias penales dispersas y expedientes que no terminan de resolverse.
SE TRAGARON PRESUPUESTO
En el discurso, todos hablaron de combate a la corrupción. En los hechos, Tabasco arrastra siete años de cuentas en rojo y expedientes abiertos.
Lo que muestran los documentos no es sólo el colapso de un sexenio, sino la huella de un sistema que se acostumbró a gastar sin explicar y a ser auditado sin consecuencias. Esta es la historia del año que se tragó medio presupuesto… y de los gobiernos que, antes y después, dejaron que la herida siguiera abierta.
AUDITORÍAS CLAVES
El dato no admite matiz: 2018 es el año con el mayor monto de recursos públicos observados en la historia reciente de Tabasco.
Ese registro no proviene de estimaciones, sino de documentos oficiales firmados por dos instancias distintas: el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El 2018, el pico de un ciclo desordenado
El comportamiento entre 2017 y 2024 confirma que 2018 no fue un accidente aislado, sino el pico de un ciclo desordenado. Del lado local, los datos del OSFE muestran que en 2017, último año completo previo al colapso, quedaron casi 60 millones de pesos pendientes de solventar en el Poder Ejecutivo.
En 2018 la pendiente se volvió abismo: el OSFE observó más de 4 mil 392 millones de pesos sólo en el Ejecutivo, mientras la ASF acumulaba 11 mil 971 millones de pesos federales sin aclarar. La combinación de ambas instancias es lo que convierte a 2018 en el “año negro” de las finanzas tabasqueñas y explica por qué más de la mitad del presupuesto quedó bajo sospecha.
OBSERVACIONES AL POR MAYOR
A partir de 2019, con el cambio de gobierno, las cifras locales bajan, pero no desaparecen. Ese año, el OSFE registró 138.5 millones de pesos observados en el Ejecutivo. En 2020, las irregularidades sumaron alrededor de 43 millones de pesos, y en 2021 superaron los 22 millones.
Entre 2022 y 2023, las cuentas públicas siguieron mostrando pendientes por solventar en montos de entre 58 y 63 millones de pesos anuales.
UNA ADMINISTRACIÓN DESASTROSA Y SIN CONTROLES
El colapso de 2018 no solo quebró las finanzas, también exhibió el derrumbe del aparato administrativo de Arturo Núñez. OSFE y ASF describieron un sistema sin registros, supervisión ni justificación del gasto, una maquinaria que perdió la memoria.
En Educación y Salud, las auditorías detectaron pagos sin soporte, plazas inexistentes, nóminas incongruentes y facturación incompleta. El FONE y el Seguro Popular acumularon diferencias entre lo reportado y lo ejercido, sin poder acreditar el destino real de los recursos federales.
La Obra Pública mostró el rostro más visible del desastre: contratos sin expedientes técnicos, pagos sin evidencia de cumplimiento y avances físicos que no coincidían con los financieros
Sexenio que administró el colapso
Al asumir el poder en 2019, Adán Augusto López recibió una administración pública fracturada y con graves deficiencias. Pese a la urgencia de reorganizar la contabilidad, depurar nóminas y revisar fideicomisos, el sistema continuó operando con la misma ineficiencia estructural previa.
Las auditorías revelaron patrones persistentes de irregularidad en sectores clave como salud, educación y obras. Se detectaron pagos sin evidencia, contratos incompletos y discrepancias financieras constantes. Ni la pandemia de 2020 ni la transición hacia Carlos Merino corrigieron estas fallas.
Durante la gestión de Merino en 2022 y 2023, las observaciones técnicas por falta de soporte documental continuaron.
PATRÓN DE IMPUNIDAD
La maquinaria gubernamental mantuvo sus defectos operativos, demostrando que el relevo interno no logró establecer el orden administrativo necesario para proteger el erario. Existe un patrón de impunidad contable donde los expedientes detallan daños probables, pero omiten nombres de responsables.
Por; Héctor Tapia
