Cancún, Quintana Roo, 27 de noviembre de 2025.- En medio de un clima de opacidad y creciente desconfianza ciudadana, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO) vuelve a colocarse en el centro de señalamientos por presuntas prácticas irregulares que, según fuentes consultadas por este medio, podrían estar alimentando una supuesta “caja chica” del gobierno estatal, algo que todos los ciudadanos quintanarroenses saben.
Una estructura paralela bajo sospecha: De acuerdo con versiones extraoficiales, la dependencia encabezada formalmente por Rafael Hernández Kotasek (señalado de presuntos actos de corrupción cuando fue director de la Agencia de Transporte de Yucatán)operara una estructura interna de recaudación ilegal vinculada a operativos de inspección y supervisión del transporte en todo el estado.
Operativos simultáneos: ¿orden vial o maquinaria recaudatoria?
Los llamados “operativos simultáneos” que según el discurso oficial pretenden fortalecer la movilidad, depurar prácticas irregulares y preparar el camino para el nuevo Sistema de Movilidad del Bienestar (MOBI), son señalados por transportistas y trabajadores como un “simulacro” destinado a presuntamente obtener recursos por medio de multas, infracciones y decomisos ilegales.
Estos operativos han sido especialmente visibles en Cancún , donde mototaxistas, operadores de transporte público, conductores privados y hasta camiones de carga reportan constantes detenciones bajo el argumento de “falta de documentación” o “irregularidades administrativas”.
Hasta $20 millones mensuales: la cifra que inquieta: Fuentes vinculadas a investigaciones periodísticas señalan que la recaudación presuntamente ilegal podría ascender a más de $20 millones de pesos mensuales en todo Quintana Roo.
Dicho dinero, afirman, se reuniría por instrucciones de supervisores y delegados, quienes presuntamente exigen a agentes y uniformados “cuotas” derivadas de infracciones, retenciones y supuestos pagos en efectivo mejor conocidos como moches.
Transportistas consultados denuncian que estas prácticas han derivado en abusos, extorsiones y una presión constante para quienes dependen de sus vehículos para trabajar.
¿Hacia dónde va el dinero? La pregunta que nadie responde: Las fuentes consultadas plantean diversas hipótesis sobre el destino de estos recursos: ¿Financiamiento para estructuras políticas de cara a las elecciones del próximo año?
¿Aportaciones ilegales para campañas o precandidatos?
¿Enriquecimiento de actores internos?
¿Recursos para operar proyectos de movilidad sin control federal?
Hasta ahora, ninguna autoridad estatal ni federal ha iniciado investigaciones públicas sobre estas acusaciones.
Mientras tanto, en las calles, la percepción es una sola: el conductor común, el que trabaja, transporta mercancía, lleva pasajeros o simplemente se mueve por necesidad, es quien termina pagando el costo de una estructura opaca que opera sin rendición de cuentas.
En Cancún, las quejas se multiplican. Cada operativo es visto con temor y resignación, mientras crece la sensación de que el IMOVEQROO se ha convertido en un instrumento de presión económica más que en una institución para garantizar movilidad y legalidad.
Dicen las partes afectadas y ciudadanos víctimas de los acosos, hacen un llamado urgente a la transparencia: Lo revelado por las fuentes consultadas exige respuestas claras: ¿Quién controla realmente el IMOVEQROO?
¿Cuál es el destino de los recursos obtenidos en operativos?
¿Existen mecanismos de auditoría independientes?
¿El MOBI es una transformación real o una fachada para generar flujo económico paralelo?
Hasta que estas preguntas no sean atendidas, la sombra de una “caja chica del poder” seguirá opacando a una institución creada supuestamente para mejorar la movilidad o para convertirla en una máquina de recaudación sospechosa.
Despierta quintana Roo.
