La Presidencia de la República, a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dos acciones de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, publicada el 12 de agosto de 2025.
Ambas acciones, registradas con los números 99/2025 y 100/2025, fueron admitidas por la ministra María Estela Ríos González, exconsejera jurídica de la Presidencia de la República, quien solicitó informes al Congreso del Estado, al Poder Ejecutivo y al Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo (TSJE).
Cuestionan reelección y designación de magistrados
La Presidencia y la CNDH consideran que la nueva ley vulnera los principios de seguridad jurídica, legalidad y supremacía constitucional, al permitir la reelección de Heyden Cebada Rivas como presidente del TSJE, pese a no haber sido electo magistrado en la más reciente elección judicial, sino ratificado por decreto mediante una ampliación de mandato.
De acuerdo con la demanda, esto contraviene el artículo 116 de la Constitución federal, que establece que los magistrados deben durar nueve años en el cargo y que las presidencias de los tribunales deben rotarse cada dos años entre los magistrados electos.
Artículos impugnados; entre los artículos señalados como inconstitucionales se encuentran los 1, fracción V; 14, fracción II; 19; 23; 24; 27; 74; 75; 77; 78; 123; 147 y 153, además de los cuarto, quinto y octavo transitorios, los cuales regulan la integración de salas, los procedimientos de elección de magistrados y la duración de las presidencias judiciales.
También se impugna la designación directa —sin votación— de la magistrada Aida Isis González Gómez como titular del Tribunal Unitario para Adolescentes, decisión atribuida al Congreso del Estado a propuesta de la gobernadora.
Posibles repercusiones
En caso de que la SCJN declare fundadas las acciones, podría anular la reelección de Heyden Cebada Rivas y de otros magistrados con mandatos extendidos, así como modificar la estructura del Poder Judicial del Estado.
No obstante, analistas advierten que la Corte enfrentará un reto procesal, ya que los artículos de la Constitución local de Quintana Roo que sustentan estas disposiciones no fueron impugnados en su momento, lo que podría limitar el alcance de la resolución.
Contexto político y judicial
La reforma al Poder Judicial del Estado fue impulsada por Heyden Cebada durante su gestión anterior, aprobada por el Congreso local en agosto y aplicada de inmediato. El 1 de septiembre, el TSJE instaló su nuevo pleno con nueve magistrados electos y dos ratificados por decreto, entre ellos el propio Cebada y Ana Mercedes Castillo Carvajal.
La SCJN revisará ahora el fondo de ambas demandas, presentadas por la Presidencia de la República y la CNDH, que fueron acumuladas para resolverse de manera conjunta en los próximos meses.
