CANCÚN, Quintana Roo, 11 de septiembre de 2025.- Lo que aparentaba ser un accidente más en el norte de Cancún, terminó por destapar una red de irregularidades, corrupción y presunta delincuencia organizada que involucra directamente a altos mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo, encabezada por Julio César Gómez Torres, bajo el mando político de la Secretaria de Gobierno Cristina Torres Gómez, con el aval de la oficina particular de la gobernadora Mara Lezama.
En el centro de estas acusaciones aparece también el controvertido funcionario José Ángel Hodgkin Cuevas, alias “El Perro”, señalado por su oscuro historial y operaciones turbias dentro de la corporación.
Una volcadura que revela la podredumbre interna
El detonante fue la volcadura de la patrulla número 12371, en un tramo conocido como el “ramal norte”, supuestamente durante una persecución.
Sin embargo, fuentes internas revelaron que este tipo de siniestros son comunes debido a una práctica ilegal entre uniformados policiacos: hacer “carreras” para completar el kilometraje diario exigido y así recibir el bono de 1,000 pesos diarios.
En realidad, aseguran, si no se completan los kilómetros, no se autoriza el pago, lo que empuja a los policías a poner en riesgo sus vidas y las de terceros solo por cumplir con una cuota.
Este tramo es utilizado de manera rutinaria por patrullas que, lejos de estar combatiendo el crimen, simulan actividades operativas para justificar gastos de combustible.
“Hacen los kilómetros en el ramal o incluso en la pista de Mérida, donde 160 km les cargan hasta 600 pesos de gasolina”, denunciaron agentes de la propia corporación bajo anonimato.
Una policía degradada: gasolina, llantas y patrullas “renteadas”
Además de los incentivos perversos por kilometraje, los policías estatales aseguran que los recursos ya no se destinan a su operatividad, sino a la Marina, la cual absorbe las refacciones y equipos nuevos.
“Antes se cambiaban llantas a tiempo, ahora los vehículos están inservibles. Todas las piezas se las quedan en la base ubicada en la Colosio frente al CEDAR”, señalaron.
Incluso, se acusa a funcionarios ligados al despacho de la gobernadora Mara Lezama de auto-rentar patrullas, es decir, ellos mismos las pintan y las alquilan de manera fraudulenta para inflar presupuestos y desviar recursos públicos.
El ascenso irregular de mandos sin méritos
En esta red de complicidades destaca el caso de Rosa Gloria Monreal, identificada como Policía Tercero, quien habría sido ascendida durante el cambio de administración sin cumplir los requisitos ni contar con la antigüedad necesaria.
“Ahora que la pusieron como comandante, se siente intocable, mientras que uniformados con mayor experiencia son relegados por negarse a colaborar con estas prácticas corruptas”, afirman las fuentes.
¿Quién es José Ángel Hodgkin Cuevas, alias “el Perro”?
El nombre que más se repite en las denuncias es el de José Ángel Hodgkin Cuevas, funcionario con antecedentes penales en Estados Unidos por delitos de alto impacto, quien fue ingresado a la corporación en tiempos de Alberto Capella Ibarra, continuó en la gestión de Rubén Oyarvide Pedrero y ahora opera con total impunidad bajo Julio César Gómez Torres y el Subsecretario de la misma dependencia del Estado.
Según diversas fuentes, Hodgkin Cuevas encabeza una estructura de extorsión, siembra de evidencias y fabricación de delitos contra ciudadanos inocentes, particularmente transeúntes, mujeres y jóvenes.
“Los detienen, les siembran droga o los relacionan con robos de casas, vehículos o motos. Todo para inflar números y justificar resultados falsos ante el C-5”, afirman.
El C-5, el centro de comando e inteligencia del Estado, es utilizado por este grupo como herramienta para operar sus intereses, ocultar evidencia o manipular reportes.
La falta de control, vigilancia interna y una red de complicidades hacen que estos delitos se cometan desde las entrañas del sistema que supuestamente debería proteger a la ciudadanía.
Encubrimiento desde la cúpula: Cristina Torres y la oficina de la gobernadora
Las revelaciones apuntan directamente a la Secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, a quien se le señala de ser la responsable directa de proteger a este grupo de funcionarios corruptos, mientras que el despacho particular de la Gobernadora Mara Lezama habría sido utilizado para facilitar contratos simulados, ascensos ilegales y desvío de recursos.
Los policías consultados aseguran que “todo esto es del conocimiento de los altos mandos, pero nadie hace nada porque están todos embarrados. La Marina ya se lleva todos los recursos, los buenos elementos se van o los callan, y los corruptos siguen acumulando poder”.
Exigen intervención federal
Mientras tanto, el silencio institucional continúa y las irregularidades crecen. La corrupción dentro de la policía estatal no solo es un problema de recursos, sino de vidas humanas. La ciudadanía está pagando el precio de un sistema podrido desde la cúpula. Con información de Despierta Quintana roo.
